Madrid
El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, han coincidido en la necesidad de reformar la ley de protección de testigos con el fin de ofrecer mayores garantías a aquellas personas que, en un ejercicio de responsabilidad ciudadana, deciden colaborar con la Justicia y denunciar la comisión de delitos. Dolz y Fernández Marugán han mantenido hoy una reunión de trabajo en la que, además, el Secretario de Estado de Justicia ha expresado la voluntad del Ministerio de reforzar el diálogo y la cooperación con el Defensor del Pueblo.
La reforma de la ley de protección de testigos figura entre las recomendaciones contenidas en el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2017 y es, asimismo, una de las propuestas que la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, expuso en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el pasado día 11.
Dolz y Fernández Marugán han puesto de manifiesto la plena sintonía del Gobierno y del Defensor del Pueblo en cuanto a la conveniencia de reformar la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, una norma que nunca ha sido actualizada ni tampoco ha sido objeto de desarrollo reglamentario y que, por tanto, ha quedado obsoleta y se ha visto superada por las nuevas formas de delincuencia.
En este sentido, el Secretario de Estado ha incidido en que las denuncias realizadas por los ciudadanos ante la comisión de un delito, así como las declaraciones judiciales de los testigos en el curso de las investigaciones penales, son una importante forma de colaboración con la Justicia que debe poder prestarse con todas las garantías. Como explicó la ministra Delgado en el Congreso, es imprescindible actualizar la norma y reforzar las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la Justicia.
