El Consejo General del Poder Judicial ha acogido hoy una nueva reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, que ha estado presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, y a la que han asistido el ministro de Justicia, Rafael Catalá; y el fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar.
También han estado presentes el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto; la consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia; la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de Navarra, María José Beaumont; el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán; y el magistrado Manuel García Castellón, en su condición de secretario de la Comisión.
La de hoy ha sido la cuarta reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial que tiene lugar durante el VII mandato del Consejo General del Poder Judicial, tras las celebradas el 16 de octubre de 2014, el 15 de julio de 2015 y el 3 de abril de 2017.
Esta Comisión se creó en 1987 con el fin de armonizar y lograr la unidad de la dirección en las Fuerzas de Seguridad adscritas a la investigación criminal.
Entre sus atribuciones están la de efectuar estudios acerca de la evolución y desarrollo de la delincuencia, emitir informes o realizar propuestas de planes generales de actuaciones de la Policía Judicial contra la criminalidad y unificar criterios para asegurar el adecuado funcionamiento de ésta.
En la reunión de hoy se han tratado, entre otros temas, asuntos relativos al uso de la firma electrónica en las diligencias penales, a la posibilidad de aplicación por los consejeros de Interior de las Comunidades Autónomas con cuerpos policiales propios de las prevenciones contenidas en el artículo 588 ter d.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –que se refiere a la intervención de comunicaciones en caso de urgencia en investigaciones relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas- o a la capacidad de los Cuerpos de Policía autonómicos para actuar fuera del territorio de su Comunidad Autónoma.
