El Tribunal Constitucional ha anulado la decisión que proclamó a los tres secretarios de la Mesa del Parlamento de Andalucía y dejó fuera a la candidata del Partido Popular, aunque fue la segunda más votada.
El Tribunal aclara que el control de constitucionalidad que le corresponde realizar en los amparos parlamentarios debe limitarse, por respeto al principio de autonomía parlamentaria, a aquellos actos que posean relevancia constitucional; esto es, aquellos que afecten al "núcleo" de la función representativa de los diputados y puedan suponer "una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatuto constitucionalmente relevante del representante público".
