El Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, la pobreza energética y acceso a la vivienda. Un trámite que produce la suspensión automática de los preceptos impugnados.
El organismo también admitió a trámite el conflicto de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña contra la resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales por la que se convocan subvenciones estatales para la realizaciónde programas de interés general con cargo al Impuesto sobre la Renta.
