El Consejo de Europa ha instado a los Estados miembro a prohibir que los servicios sociales informen a las autoridades de extranjería sobre la situación de irregularidad administrativa de los inmigrantes a los que atiendan, a fin de prevenir que actores tanto de la Administración como del sector privado nieguen de manera efectiva a estas personas sus derechos fundamentales.
Esta es una de las recomendaciones que la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa ha remitido a los Estados de la UE en apoyo de la lucha contra la discriminación que sufren las personas que, de acuerdo a las legislaciones nacionales, no cumplen los requisitos para vivir en el país.
