El Tribunal Supremo ha avalado el decreto vasco que regula la asistencia jurídica gratuita. La sentencia, de 29 de enero de 2015, apunta que lo que se establece en la normativa, en concreto en su Anexo I, "es salvaguardar los datos que los usuarios han de facilitar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita e imponerle las obligaciones propias en el tratamiento de los datos".
El Consejo Vasco de la Abogacía recurrió el decreto por no contar con los requerimientos exigiros. Sin embargo, el Supremo subaraya que "no puede prosperar porque no existe en la regulación del mencionado servicio imposición la posibilidad de creación de fichero alguno requerido por la legislación".