La Fiscalía del País Vasco reclama, en su Memoria de 2015, la atribución al Ministerio público de la instrucción de los delitos de corrupción o, al menos, reformas puntuales que eviten "la sobreactuación del Juzgado de Instrucción en la fase de investigación".
Según el organismo que dirige Juan Calparsoro, Fiscal Superior vasco, "una de las causas de las dilaciones es la inexistencia de un proceso penal moderno y ágil optimizado para la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción". En este sentido, asegura que "el actual sistema de instrucción es una de las principales causas de los retrasos" e impide la "indispensable especialización" en la investigación de este tipo de delitos.
