El Consejo de Ministros aprobó ayer el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo que persigue facilitar a los consumidores el acceso a entidades de resolución extrajudicial de conflictos.
La norma, que incorpora una Directiva europea fija un plazo de resolución de 90 días naturales desde la presentación de la reclamación, al tiempo que prevé que los procesos sean gratuitos para el consumidor o con un coste inferior a 30 euros, además de "transparentes, sencillos, rápidos y justos, garantizándose su imparcialidad". Además, los empresarios tendrán la obligación de informar de forma específica sobre el acceso a entidades de resolución alternativa de conflictos.
