La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para garantizar que la legislación española en materia de tributación de las inversiones en sociedades no residentes se ajusta al Derecho de la Unión Europea, al considerar que aún no se ha modificado la normativa.
Así, lo anunciaba ayer Bruselas a través de una nota, que fue respondida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que señaló que "la reforma fiscal -aprobada por el Parlamento- ha modificado el Impuesto sobre Sociedades (artículo 21) para equiparar el tratamiento fiscal de participaciones de entidades residentes y no residentes, tanto en lo relativo al reparto de participaciones en beneficios como en las rentas derivadas de la transmisión, estableciendo idénticos requisitos de actividad y nivel de participación de los accionistas. Por tanto, el trato discriminatorio que el Ejecutivo comunitario se encontraba analizando está corregido con la nueva norma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2015".
En junio de 2013, la Comisión envió a España un requerimiento en forma de dictamen motivado a España en el que se instaba a España a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes, al considerar Bruselas que vulneran el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de bienes y la libre circulación de capitales previstos en los Tratados de la UE.
Recuerda Bruselas que en la normativa española, el tratamiento fiscal de los dividendos de origen extranjero es más gravoso que el que se aplica a los dividendos de sociedades residentes en España.