La Justicia tarda cinco años de media en resolver los procesos de siniestralidad laboral, según ha afirmado el fiscal de sala coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña, tras reunirse con los secretarios de Salud Laboral de UGT y CC.OO., Marisa Rufino y Pedro Linares, con motivo de la celebración este jueves del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Ante estos datos, De Oña ha solicitado la especialización "al menos parcial" de los juzgados de instrucción y de lo penal en materia laboral con el fin de acortar los plazos. Asimismo, ha celebrado la caída del número de accidentes experimentada en 2010, a la vez que ha confiado en que parte de este descenso no se deba únicamente a la crisis, sino también a la "enérgica" actuación de los fiscales.
Por todo ello, ha destacado la redacción de 859 escritos de acusación del Ministerio Fiscal, más del doble de los efectuados en 2006, y de los que 33 pertenecían a delitos exclusivos de riesgo sin resultados lesivos. "Puede parecer poco, pero para nosotros son muchísimos", ha señalado De Oña en relación a estos últimos.
Respecto a las sentencias ejecutadas por los Juzgados de lo Penal, el fiscal ha subrayado que el pasado año se dictaron 552, frente a las 480 de 2009, mientras que las sentencias de las Audiencias fueron 145, las mismas que el año anterior.
Por último, ha insistido en que en los últimos años el sistema está dando salida a casos anteriores que están ocasionando que se "empantane" la fase intermedia y muchos juicios orales sean suspendidos, alargando los procesos.
La construcción, fuente de accidentes
Por su parte, los representantes sindicales han recalcado que, a pesar de que la crisis económica ha contribuido a la caída de las cifras de siniestralidad, la construcción continúa englobando la mayoría de los accidentes laborales.
En concreto, el secretario de Salud Laboral de CC.OO. ha destacado que de cada 100.000 trabajadores que perdieron la vida en su puesto de trabajo durante 2010, 11,3 pertenecían al sector de la construcción, casi cuatro veces más que la media, que se sitúa en 3,8 víctimas mortales.
Linares también ha apuntado que, aunque la crisis ha generado esta caída de la siniestralidad, también ha generado un mayor volumen de economía sumergida y trabajadores sin protección, lo que generará "un fracaso en términos productivos" de no tomar medidas.
