El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ha confirmado su apoyo a la iniciativa legislativa popular que aboga por la dación en pago como meedida para paliar los efectos de las crecientes ejecuciones hipotecarias, que con la crisis están provocando que muchas familias se vean en la calle al perder su vivienda habitual, además de verse endeudadas por la mitad del valor tasado de ésta.
Con arreglo a estas iniciativas, la reforma legal propuesta ofrecería al deudor la posibilidad de acudir a la dación en pago (en determinadas condiciones procesales) para extinguir su deuda en su totalidad entregando al acreedor el inmueble adquirido, "siempre que la situación del deudor se considere que es de buena fe, originada por causas ajenas a su voluntad, y el valor de tasación del inmueble no exceda del total de la cantidad pendiente de pago".
"Desde el SISEJ apoyamos expresamente las iniciativas que, como éstas y las que le pueden seguir, pretenden acercar la legislación civil sobre ejecución hipotecaria, a los postulados del Estado social propugnado por la Constitución", recoge el sindicato en un comunicado, en el que afirman que el instrumento de cambio reside en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que deberá modificarse para acoger estos cambios.
Afirman que la situación de crisis financiera que se vive en nuestro entorno económico ejerce una creciente presión sobre la ciudadanía, sobre su capacidad económica para afrontar necesidades básicas y sobre el acceso a bienes esenciales, como la vivienda. Pero, en especial, destacan la incidencia del panorama económico en las transacciones inmobiliarias, "en concreto en aquellos supuestos en que, concedido por la entidad bancaria un préstamo para la adquisición de un inmueble, -préstamo garantizado con hipoteca sobre ese mismo inmueble-, el particular no puede afrontar el pago de la cantidad total adeudada a la entidad". Y no puede hacer frente a ese pago pese a haber actuado de buena fe.
Denuncian que normativa vigente, que es la contenida en la LEC, fue elaborada en un escenario financiero muy distinto al actual, y no debe ignorarse que su fin es precisamente la justicia civil. A través de ella se permite que la entidad prestamista "persiga al deudor hasta la satisfacción completa de la deuda, incrementada con el paso del tiempo, más allá de haberse subastado el inmueble que garantizaba la deuda". Esta regulación no tiene en cuenta "la realidad socioeconómica ajena al deudor, que origina en muchos casos la imposibilidad del pago".
Recuerdan que, como prueba de ello, en los últimos meses se han multiplicado las resoluciones judiciales que han intentado reinterpretar el Derecho vigente buscando una solución justa, "con una valiente interpretación de nuestro ordenamiento jurídico". A través de ellas se han considerado liquidadas las deudas de este tipo y en estas circunstancias mediante la entrega a la entidad del inmueble en su día adquirido por el particular.
Los jueces piden estímulos a la dación en pago
