"El 90% de las dudas que existían sobre la declaración tributaria especial ya están aclaradas y queda tan sólo un 10% de casos de laboratorio por aclarar", confesó ayer a elEconomista, Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).
Con un salón repleto de asesores fiscales, Aedaf celebró ayer una jornada específica sobre la declaración tributaria especial, conocida popularmente como amnistía fiscal, en la que se puso de relieve que son muchas las dudas existentes, pero en la mayoría de los casos se trata de situaciones muy específicas, que poco tienen que ver con la mayoría de los contribuyentes que piensan regularizar su situación.
Así, los ponentes, Manuel de Miguel Monterrubio, subdirector general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y Caridad Gómez Mourelo, inspectora de la Unidad de Delitos contra la Hacienda Pública, confirmaron que los dos informes emitidos por la Dirección General de Tributos son de obligado cumplimiento para todos los funcionarios de la Inspección.
Revelaron una de las grandes dudas existentes, como que las actuales solicitudes de datos que la Agencia Tributaria, incluidas las de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), que se están remitiendo de forma aleatoria a numerosos contribuyentes no impiden acogerse a la amnistía fiscal.
También, revelaron un aspecto clave del procedimiento, que justifica que los asesores fiscales estén recomendando a sus clientes que aguarden hasta el día 30 de noviembre para presentar la declaración especial, puesto que el incumplimiento por la imposibilidad de disolver a tiempo alguna parte del entramado societario usado para la ocultación "pondría al contribuyente en una situación muy delicada", explicó Manuel de Miguel.
Peligro de quedarse fuera
En un estado como este, si se produjese una revisión ordinaria, el inspector correspondiente podría considerar que no se puede demostrar la titularidad jurídica del contribuyente, lo que le dejaría fuera de los beneficios de la amnistía fiscal, tras haber aflorado el patrimonio oculto en el extranjero.
Por otra parte aún existen algunos desacuerdos en el seno de la propia Inspección. Así, mientras la pasada semana en Málaga, el jefe de la Inspección de Andalucía, Ignacio Méndez Cortegano, señalaba que no podrían acogerse al procedimiento de bienes que se hubiesen ocultado en una inspección ya concluida, Caridad Gómez, remarcando que era su punto de vista particular, consideraba que estos bienes, tras una inspección, general o parcial, sí que pueden acogerse a la amnistía fiscal.
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