Nada garantiza la aprobación de los Presupuestos de 2019, pero es claro que el Gobierno considera prioritaria una de las medidas que las Cuentas contienen, y podría buscar otras vías para que prospere. Se trata de fijar, en Sociedades, un tipo mínimo efectivo del 18% para los bancos.
Las entidades anticipaban un escenario así y ya en 2018 elevaron su pago de impuestos un histórico 80%. Tributaron así a un tipo del 24%, muy superior al mínimo que puede exigírseles en el futuro. Ahora bien, para llegar a esos niveles, los bancos tienen que congelar sus activos fiscales diferidos (DTA).
Consisten en derechos a deducciones fiscales que Hacienda reconoce con objeto de que se hagan efectivas en el futuro. No son privilegios, ya que se derivan de las cuantiosas pérdidas en que el sector incurrió en la última recesión, por la mayor exigencia de provisiones y por costosas operaciones, como la absorción de entidades más débiles.
Los DTA suman aún casi 50.000 millones y su conservación no sale gratis, ya que exige a los bancos pagar una tasa del 1,5%. Pero el coste que para las entidades supone mantener estos créditos crece, si se considera lo muy útiles que le resultarían en una situación como la actual.
Al hecho de que el negocio crediticio apenas se recupera, se une la subida de costes para las entidades que supone la Ley Hipotecaria e incluso la posibilidad aún no descartada de crear una tasa bancaria (la ministra Montero volvió a aludir a ella esta semana) y un impuesto a las transacciones financieras. No es razonable imponer a este sector una renuncia indefinida a unas deducciones plenamente legítimas, pero los mensajes que amenazan con alzas fiscales reducen gravemente el margen para usarlas.
