Los presupuestos son la expresión de la política económica de un gobierno, o mejor dicho de la política económica que puede hacer un gobierno. En casi todas las políticas de un gobierno, si no hay dotación presupuestaria, la política no será efectiva. Por esa razón, el hecho de que el gobierno de Sánchez haya aprobado su primer (y probablemente único) proyecto de presupuestos casi ocho meses después de llegar a La Moncloa indica que hasta ahora, y afortunadamente, Sánchez no ha podido realizar política económica, más allá de unas cuantas ocurrencias que ya estamos empezando a pagar.
Un presupuesto tiene esencialmente tres condicionantes: la contabilidad, la economía y la política. Lo primero es que un presupuesto tiene que cuadrar: hay que prever los ingresos necesarios para financiar el gasto. Esto parece elemental, y es elemental, pero en España sólo se ha cumplido dos veces desde que comenzó la crisis: en los presupuestos del PP y Ciudadanos de 2017 y 2018.
En 2017, por primera vez en una década, España cumplió el objetivo de déficit. Si en 2018 no cumplimos, que no cumpliremos, es simplemente porque el gobierno de Sánchez ha preferido no cumplir, gastando por encima de lo presupuestado. Como señalaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Pasarse en un Presupuesto es fácil. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso lo quitas o lo pones en una parte del presupuesto". Y en 2018, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, el incremento de la recaudación tributaria en términos homogéneos es de un 6,2%, cuando en presupuestos estaba previsto un 6%. Por supuesto, en estos presupuestos, los de 2019, el incremento de la recaudación en casi 20.000 millones de euros es pura fantasía para cuadrar los números y que Sánchez contente a sus socios populistas y separatistas. Eso no es gratis y lo pagaremos muy caro.
La política fiscal de Sánchez no busca recaudar sino castigar a los malos, es una política expiatoria, como escribía hace unos días en El Economista (Los impuestos expiatorios de Pedro y Pablo 4/01/2019): por eso, los aumentos de impuestos no podrán financiar el incremento de gasto previsto: el techo de gasto de 125.000 millones, que es el más elevado de los últimos años. Aquí hay dos factores que juegan en contra de los deseos irracionales de Sánchez.
En primer lugar, y lo más relevante: la economía, la segunda limitación de cualquier presupuesto. El propio gobierno socialista ha tenido que rebajar su previsión de crecimiento al 2,2%, el peor dato desde 2014, que aún así está por encima de todos los analistas. Con un crecimiento inferior el gobierno del PSOE cree que la recaudación va a crecer al triple del crecimiento económico, y muy por encima de cuando crecíamos por encima del 3%. Además considera que va a recaudar, por ejemplo, 1.200 millones de la denominada Tasa Google, que no se ha implantado en ningún sitio, y que en estos momentos sigue en fase de anteproyecto: no sólo es que no sepamos qué se pretende recaudar ni a quién, ni que la Administración Tributaria española no tenga experiencia, es que el Gobierno no se ha molestado ni en enviar un proyecto a las Cortes.
Algo parecido a la fantasía de la tasa Google sucede con la ley "anti-fraude" y con el nuevo impuesto a las transacciones financieras: no hay ni proyecto de ley, y siendo muy optimistas (para la recaudación) no se puede esperar que estén en vigor más que un trimestre en 2019 como mucho. Montero ha dicho que todo esto se compensará adelantando los pagos de las grandes empresas en el IVA. Esta modificación del Sistema Inmediato de Información no supondrá más recaudación sino solo adelantar los pagos de un mes. Esto lo explicaré con más calma en otro momento pero no son 5.000 millones más de recaudación real, sino simplemente "maquillaje contable" por ese mismo importe. Lo que no hay maquillaje que oculte será la subida del diésel para casi 18 millones de conductores españoles, pero que ni de lejos servirá para cuadrar las cuentas.
La previsión recaudatoria es pura fantasía porque, para cualquiera que entienda algo de esto, la recaudación tanto del IRPF como de las cotizaciones de la Seguridad Social, los principales recursos públicos se sustenta en el empleo, especialmente el empleo bien remunerado. En diciembre hemos tenido el peor dato de paro registrado desde que salimos de la crisis en 2013. Pero lo peor es que las multinacionales en España preparan expedientes de regulación de empleo para eliminar 14.000 empleos, a los que habrá que añadir el efecto arrastre en empleos indirectos.
La idea para incentivar el empleo de Sánchez ha consistido en destopar las cotizaciones sociales en un 7%, lo que es un incremento de impuestos sobre el empleo. La otra idea genial de Sánchez consistió en incrementar el salario mínimo (y de paso las cotizaciones sociales de los empleados que menos ganan) la friolera de un 22%. El primer día hábil siguiente, los servicios públicos de empleo detectaron nada menos que 274.000 despidos, con un saldo neto de destrucción de 43.000 empleos a jornada completa. A lo mejor el saldo final de las ocurrencias fiscales y laborales de Sánchez no es tan grave, pero de momento las consecuencias son nefastas.
Las cuentas no cuadran, incluso antes de que los populistas y los separatistas introduzcan sus enmiendas, que en casi todos los casos supondrán más gasto y menores ingresos. Pero está por ver que los apoyos políticos sean suficientes para que Sánchez saque adelante sus cuentas irreales, con el objetivo de mantenerse en el poder a cualquier precio. El precio político que los separatistas exigirán no consistirá en mayores inversiones a costa de los españoles residentes en otras CCAA. Torra, por ejemplo está exigiendo que Sánchez dé pasos para hacer posible la autodeterminación de Cataluña, y por supuesto los presuntos golpistas en prisión preferirían salir de allí lo más pronto posible. Algunos de ellos como Oriol Junqueras creen que Sánchez es el mejor presidente para sus intereses, e incluso otra como Dolors Bassa, que no se le puede dejar de caer.
El factor político va a ser el que decida si unas cuentas que perjudican al crecimiento y al empleo, y que por encima de todo, simplemente, no cuadran se tramiten, primero, y luego puedan ser aprobadas. Desde Ciudadanos presentaremos enmienda a la totalidad y votaremos en contra de unos presupuestos malos para España y para los españoles, que sólo buscan que Sánchez huya unos meses más de las urnas y disfrute unos meses más de La Moncloa, el helicóptero y el Falcon. Los españoles no se merecen pagar el precio económico y político de ese objetivo. Lo que los españoles se merecen es poder elegir su gobierno y su política económica. No es tiempo de presupuestos sino que es tiempo de elecciones.
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