Los españoles han mirado esta semana al garaje de su vivienda alarmados y se han dado cuenta de problemón que les ha surgido sin tener responsabilidad alguna. El vehículo que utilizan para moverse por su ciudad y en sus desplazamientos de vacaciones tiene ya fecha de caducidad, un final obligatorio y por ley que no les fue anunciado al hacer el desembolso de su compra. Desde hace algunos años se han sentido agentes contaminantes constantemente perseguidos, pero ahora estamos ya en la fase definitiva del proceso: los coches de combustión desaparecerán en España dentro de dos décadas por el establecimiento de una nueva prohibición decretada desde el poder político. La insólita situación de la vida pública española, en la que gobierna un partido que no es el más votado y un presidente que no es diputado, debería por sí misma implicar prudencia a la hora de poner en marcha iniciativas que tengan un fuerte rechazo social. Pero es que además se nos impone una muy polémica decisión que no ha sido votada en las urnas ni siquiera por los electores que eligieron a la formación política que sacó adelante la moción de censura el pasado mes de mayo.
El programa electoral del PSOE en materia de medioambiente anunciaba la transformación del modelo energético de nuestro país. Para ello, los socialistas se comprometieron en su contrato con los ciudadanos a impulsar un pacto de Estado Energético a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, se supone que escuchando a los sectores afectados por decisiones de la gravedad y trascendencia de la que nos ocupa. Ni se ha planteado un pacto similar, ni se ha escuchado a los sectores concernidos por la prohibición de los motores de gasolina, diésel o híbridos. Sigamos recordando el documento electoral:
"Promoveremos la renovación del parque de vehículos, impulsaremos la industria orientada a producir vehículos limpios y apostaremos por revisar en profundidad nuestro modelo de movilidad, pasando de la actual política de transportes e infraestructuras a una verdadera política de movilidad sostenible". "Haremos una estrategia ambiciosa de impulso a los vehículos híbridos y eléctricos para sustituir las gasolinas y gasóleos por electricidad generada crecientemente con energías renovables". Ni palabra de prohibir en 2040 la venta de coches de combustión. Los puntos en que se apoyaba el plan eran éstos:
* Impulsar planes de ayudas a la compra
* Apostar por la I+D+i en el sector del automóvil
* Diseñar una estrategia de desarrollo del vehículo eléctrico y el híbrido
* Reformar la fiscalidad asociada al automóvil
* Reformar y endurecer el sistema de control de emisiones de gases contaminantes de la industria automovilística
5,4 millones de votantes y un 22,6% del electorado votaron esta opción en la que no se anunciaba prohibición alguna.
Tampoco el programa para las generales de 2016 de Unidos Podemos, socio preferente del gobierno, contemplaba prohibir los coches. Su referencia textual auguraba que "estableceremos controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema eléctrico" y que "las bicicletas serán la base de una movilidad urbana sostenible". Algo más de 5 millones y el 21,1% confiaron en este programa el 26 de junio de hace dos años.
Vayamos algo más allá: ¿apostaron los votantes de un grupo extraparlamentario como PACMA por algo como prohibir la venta primero y la circulación después de vehículos gasolina, diésel o híbridos?. Releyendo su programa electoral la respuesta es negativa. Se apostaba por "elaborar planes de fomento de la movilidad no motorizada y, en el caso de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público". Los defensores de los animales no llegaban tan lejos en sus propuestas y se quedaban en anunciar el "fomento de los planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista regional y loca, además de potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal, y los puntos de recarga con energía limpias y autoconsumo". 284.000 votantes, el 1,19% de votantes, eligió esta opción en las elecciones.
Por si hubiera algún partido más extremista en la defensa del entorno que estuviera condicionando al actual gobierno en sus decisiones, echemos un vistazo a las promesas de otra candidatura poco dudosa en este aspecto como la del grupo Recortes Cero-Grupo Verde. Ni siquiera ellos anunciaban medidas tan serias como prohibir la circulación en plazo alguno. Hablaban de "implantar un nuevo estándar para las emisiones de partículas de los vehículos". Recibieron 51.000 votos, el 0,22% de sufragios totales.
De modo que esta vez no se trata de una medida que votaran los 5,5 millones de votantes socialistas ni otros muchos. Esta vez la medida construida a golpe de titular e improvisación no la han votado ni siquiera ellos. La justificación de que en Europa tienen ya aprobadas estas limitaciones resulta poco creíble, porque en países como Francia o Alemania han avanzado en su preparación y lo que es más importante: en las ayudas a la reconversión del parque móvil y de la industria. En el fondo estamos profundizando estrategias contra el vehículo privado, como está ocurriendo en Madrid desde hace tres años. Aprovechando la plena actualidad del asunto, tal vez el gobierno que ha propuesto esta medida explique dónde irán a parar las baterías de los coches eléctricos cuando se desgasten y cuánto contamina la producción de energía eléctrica en realidad.
