Plantear la construcción de un Estado Federal en España (propuesta con la que se identifica el autor de estas líneas), obliga a enfrentarse a tres universos de contenidos: conocer muy bien la realidad a cambiar, poseer un proyecto básico y razonado para iniciar la discusión e, inexcusablemente, suscitar el apoyo mayoritario de la población. Tres condicionantes que deben ser abordados simultánea y rigurosamente. ¿Qué realidad política y jurídico- territorial tenemos en España? Con describir la situación del actual Estado Autonómico tenemos más que suficiente.
En la actualidad tenemos un conflicto más que grave en Cataluña.
Tenemos, también, tres nacionalidades históricas -Cataluña, Euskadi y Galicia- que plantean ser reconocidas como "naciones". Además, cuatro Comunidades que estatutariamente se reclaman nacionalidades históricas: Andalucía, Aragón, Baleares y País Valenciano. El resto, menos Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid que se denominan regiones; se atribuyen también estatutariamente la condición de "históricas". Tenemos el Cupo Vasco y Navarra y su régimen foral. Dos ciudades con régimen autonómico, Ceuta y Melilla.
Y a este abigarrado conjunto debemos añadir una serie de interrogantes que nacen de la existencia de fuerzas políticas de carácter nacionalista. Veámoslas.
¿Quiénes son los sujetos territoriales que se federan, las actuales CCAA?
¿Reconocen todos los entes territoriales a todos y cada uno de los demás como sujetos del pacto federal? ¿O solamente admiten la federación entre Cataluña, Euskadi, Galicia y España, es decir, el resto?
¿Federalismo simétrico o asimétrico? ¿Son todos iguales en derechos, competencias, deberes y capacidad de auto-gobierno? Hay ejemplos actuales para ambos casos en el mundo.
¿Federación o Confederación? ¿Están todos los integrantes de la Federación dispuestos a considerar que uno o más de sus miembros tenga el estatus de Estado Libre Asociado?
¿Rige el principio de subsidiaridad en las relaciones entre la centralidad federal y los entes federados? ¿Rige el mismo principio en las relaciones de los ayuntamientos con su ente territorial federado?
Y queda un último interrogante, no por ello menos importante, ¿puede un Estado Federal basado obviamente en los principios de igualdad, soberanía popular y democracia integral, tener como representación institucional máxima a un Rey? Colijamos que hablar de Estado Federal es hablar de República.
En resumen, una realidad territorial como ésta, y además con conflictos en diversos grados de explicitación y con casuísticas específicas, no puede ser abordada desde una entente política cupular y centrada en lo técnico jurídico. El fracaso y el ridículo están asegurados.
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