El Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando tumbos sin entender demasiado bien lo que ocurre a su alrededor. Su última ocurrencia es algo que nos viene anunciando desde hace mucho tiempo, la implementación de la denominada tasa Google o tasa a las tecnológicas. Dicha tasa debería ser contemplada y legislada desde la Unión Europea y no tomada de forma unilateral. En un mundo internacionalizado, no se puede legislar de forma unilateral, y más cuando la propia UE tiene dudas de cómo implantar esta medida.
Antes de nada, comencemos con una semana un tanto aciaga para los intereses españoles. Si alguien pensaba que la solución armada por el Gobierno sobre las licencias de Cabify y Uber no tendría consecuencias, se equivocaba. La ministra de Economía, Nadia Calviño, en su intervención en el South Summit, recibió una seria llamada de atención por parte de inversores.
La ministra tuvo que oír algo que ella sabe perfectamente, la incertidumbre aleja a los inversores. Esta advertencia, insisto, innecesaria para ella dado que la conoce perfectamente, surgía a raíz de la polémica decisión de limitar las licencias de las VTC a cuatro años.
La decisión, como es lógico, fue muy comentada en el evento referido anteriormente. Fueron las empresas interesadas las que sacaron el tema, cómo no.
La preocupación por España es creciente entre los inversores y eso que este país ha sido tremendamente atractivo para empresas punteras en tecnología de Internet. Cuenta con una buena base de trabajadores sobresalientes en el sector y es, además, un país amigable (o lo ha sido) con el establecimiento de empresas en nuestro territorio. Además, y debido a su clima y estilo de vida, España es un destino deseado como lugar de residencia para trabajadores extranjeros.
Debemos, además, pensar en los réditos y beneficios que estas empresas nos dejan en el tejido social y económico que construyen. Los trabajadores de dichas compañías cuentan con sueldos altos y su entorno mueve grandes cantidades de dinero. Además, las empresas buscan locales y edificios representativos que alquilar.
También su presencia genera empresas auxiliares, que en el caso de las tecnológicas son focos de desarrollo de fuerte crecimiento, los famosos viveros de empresas.
En ningún caso deberíamos despreciar o poner pegas a la llegada de estas empresas, ni a los efectos beneficiosos que tienen sobre la economía y el desarrollo que producen a su alrededor, además de conseguir que el talento español no abandone nuestras fronteras. Estas empresas son las corporaciones que en fechas muy próximas liderarán el crecimiento económico del mundo.
La medida adoptada contra Cabify, así como contra otras empresas de economía colaborativa, genera incertidumbre entre los grandes inversores. Si la medida de limitar a cuatro años es ya un error que se puede considerar grave, lo es más la toma de nuevas medidas o el hecho de dejar constantemente sobre la mesa la idea de llevarlas a cabo.
El Gobierno interino continúa haciendo daño, mucho daño, a los intereses a largo plazo de este país. Decisiones como las concernientes a la economía colaborativa lo de-muestran. Es evidente que el doctor en economía solo se mueve en un terreno de cortoplacismo, su única visión es llegar a las elecciones hablando de lo mucho que ha cambiado la situación gracias a las decisiones adoptadas. Error, gran error. Un estadista, cosa que Pedro Sánchez está demostrando no ser, no mira a las elecciones, la visión del país que quiere construir va mucho más allá del calendario electoral.
La decisión, nuevamente publicitada y no adoptada, de llevar a imponer una tasa a las tecnológicas afecta automáticamente a sus planes de inversión. ¿Va a venir o va aumentar su presencia una compañía amenazada de aumento de impuestos, cuando esa empresa puede ir a países como Irlanda o Portugal que están dentro de la Unión Europea?
Seguimos negando que Irlanda ofrece un plataforma inmejorable para el establecimiento de empresas tecnológicas en Europa precisamente por la baja tributación de las mismas en la isla. No es que no se deba, es que no se puede llevar a cabo ese aumento de impuestos de forma unilateral. Sí, naturalmente que sí, las tecnológicas deben pagar impuestos, pero para no tener problemas disruptivos es necesario que sea la propia Comisión Europea la que lleve a cabo, unitariamente, esa medida. El país que lo haga unilateralmente no es que se un Quijote es que es tonto, está otorgando ventaja a otros países para que le hagan competencia.
Claro que las ocurrencias no solo se quedan en la tasa Google, también quiere tocar la tributación por dividendos de las grandes empresas españolas. La tributación de los dividendos que las empresas españolas reciben por empresas filiales en el extranjero están sometidas a los tratados de doble imposición, acuerdos internacionales firmados entre dos países. Es más, estos dividendos, repatriación de rentas, ya han pagado impuestos en los países donde se han producido. ¿Es que un doctor en economía no ha oído hablar de la doble imposición y las consecuencias que tienen?
A EEUU han llegado miles de millones de dólares que las empresas americanas tenían fuera y que no repatriaban por estar penalizadas fiscalmente por la doble imposición. Ni siquiera es capaz el actual Ejecutivo de aprender de errores de otros países. El cortoplacismo del actual gabinete es contraproducente con los objetivos de desarrollo a largo plazo. ¿Quién lleva las riendas económicas en este Gobierno?
