El filósofo marxista polaco Leszec Kolakowsky (1927-2009) afirmaba que la Izquierda no se niega a hacer transacciones con la realidad; sólo exige que se las llame transacciones. Esto que el autor demandaba a la Izquierda debe ser a mi parecer exigible a los políticos, sea cual fuere su ideología. Es una cuestión de Ética.
En unas inseguras declaraciones, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha obviado el fondo de la cuestión de la venta de las llamadas bombas de precisión a Arabia Saudí, restando importancia no sólo a sus efectos, sino obviando además quién las compra, para qué, contra quién iban a ser usadas, la opinión de la ONU sobre el conflicto que implica a Yemen, Arabia Saudí e Irán y la estrecha conexión entre las bombas y la construcción en España de cinco fragatas para el Gobierno con sede en Riad.
Un pedido que supone el mantenimiento de 6.000 puestos de trabajo. Todo ello me sugiere una serie de reflexiones que indicio y que deberían ser, a mi juicio, materia para un debate político y ciudadano, serio.
La primera es que, por rigor y ética política, una organización o una persona no pueden hacer un discurso o una propuesta programática en función de si están en la oposición o en el Gobierno. El olvido de esta línea de conducta tiene sus consecuencias en el descrédito de la política. Ejemplos hay cada día y a todas horas.
La segunda es que gobernar, sea cual fuere el nivel de esa función de responsabilidad, es tener que enfrentarse a dilemas y disyuntivas en torno a la aplicación de los Derechos Humanos y la Carta de la ONU. Fabricar, comerciar y vender armamento que es utilizado en guerras de agresión o contra civiles directa o indirectamente a través de los efectos denominados "daños colaterales" es ir contra los Derechos Humanos. Garantizar, por otra parte, el derecho a un puesto de trabajo es también una obligación de los poderes públicos. ¿Cómo desatar este nudo gordiano? Para mí solamente es posible si desde ya, y no esperando al próximo conflicto, se organiza el encaje de los trabajadores de armamentos en otras actividades que les garanticen sus derechos laborales y sean compatibles con la paz. Casi simultáneamente deben clausurarse las instalaciones o proyectos de las mismas incompatibles con el Derecho Internacional.
La tercera es que los trabajadores de las industrias afectadas que vean asegurado el puesto de trabajo alternativo y equivalente, no pueden, en conciencia, aferrase a una actividad o fabricación de un producto que sea utilizado contra una parte de la humanidad. Ante los Derechos Humanos no caben reticencias, nostalgias u otras consideraciones. Los trabajadores, lo quieran o no, son también ciudadanos y, como tales, sujetos de derechos y deberes. La solidaridad es una obligación cívica, ética y política.
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