Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes". Esta cita de Isaac Newton es una de las más célebres de toda la historia de la Ciencia. En ella, Newton agradece el trabajo de otros astrónomos, como Kepler, Copérnico o Galileo, que murieron antes de que él naciera. El conocimiento se basa en la publicidad de las obras, y también, como no, en la atribución de los méritos y deméritos a sus autores. En Ciudadanos nos inspiramos en estos principios fundamentales para proponer nuestra ley de transparencia universitaria. Hace meses pensamos que era una necesidad; ahora creemos que es más urgente que nunca.
¿Por qué? Porque nuestro sistema universitario está basado, como tantas otras cosas, en la confianza. Uno de los aspectos fundamentales es que la expedición de un título universitario acredita el esfuerzo y el conocimiento, no las trampas, las influencias indebidas y la mentira.
Para conseguirlo es preciso que las investigaciones sean públicas y no estén plagiadas. Si el resultado del conocimiento no es público, nadie podrá aprovecharlo: por eso cualquier trabajo fin de máster (TFM) o tesis doctoral deberían ser públicos. Por otra parte, el escrutinio del público, además de la obligación de utilizar software anti-plagio, es casi la única garantía de obtener investigaciones originales, garantía que ahora no existe. La ciencia y la innovación se construyen sobre las investigaciones originales y publicadas, no sobre los plagios.
Sin embargo, coincidiendo con el escándalo del máster plagado de irregularidades de la exministra Carmen Montón, el PP decidió apoyar el veto del Gobierno de Pedro Sánchez a la proposición de ley de transparencia universitaria de Ciudadanos. Con eso, el PP y el PSOE pretendieron impedir un debate sobre la transparencia en la universidad española, con la excusa económica de un incremento del gasto público de 4,5 millones de euros.
Cuando nos hemos pasado el verano oyendo hablar de subidas de todo tipo de impuestos por importe de miles de millones, la excusa es simplemente inverosímil. Más aún: cuando fue precisamente el veto del Gobierno del PP a la proposición de ley de derogación de la LOMCE (Ley Orgánica de medidas de calidad de la educación) el que dio lugar, a través de un conflicto de atribuciones, a que el Tribunal Constitucional estableciese que la Mesa del Congreso debe controlar la corrección del veto del Gobierno.
Por supuesto, Pedro Sánchez ha vuelto a faltar a su palabra. Prometió que nunca utilizaría el veto presupuestario. Pero, además, ha in-cumplido sus compromisos, prostituyendo la figu- ra del veto presupuestario, que protege la integridad del presupuesto público vigente, al que el PSOE de Sánchez se opuso radicalmente y que no se ve alcanzada por importes irrisorios. La finalidad del veto presupuestario no es proteger la opacidad de los trabajos fin de máster de una exministra, ni tampoco de la tesis doctoral más oculta de la historia, la del propio Pedro Sánchez. Hacer un uso indebido de los instrumentos constitucionales siempre tiene un coste.
En cien días, el Gabinete de Sánchez ha perdido a dos ministros, Máxim Huerta y Carmen Montón, por gravísimos problemas de ejemplaridad.
En la selección de los ministros está claro que nadie vio nada, porque nadie quiso mirar no ya lejos, sino muy cerca. Con los precedentes de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, era evidente que un máster del ya disuelto Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos se iba a mirar con lupa, aunque sólo fuese porque toda esta cuestión estaba bajo investigación judicial.
Sin embargo, el mayor problema del Gobierno más débil de la democracia en España no es sólo de ejemplaridad, sino de pura credibilidad. Todas las decisiones se están rectificando en cuestión de días u horas. Por ejemplo, Adriana Lastra, José Luis Ábalos e incluso Pedro Sánchez salieron a defender públicamente la continuidad de Carmen Montón. De hecho, el propio Sánchez lo hizo a las 17 horas. Que la ministra no iba a seguir era tan evidente que una hora después, en la tribuna, y citando su famosa frase "no todos somos iguales", yo mismo señalé, refiriéndome a Carmen Montón, que "casi debería decir exministra". No tenía mucho mérito: era lo que pensábamos todos. A las 21 horas todo había terminado con la dimisión de Montón.
De hecho, la falta de credibilidad es tan grande que, por ejemplo, los trabajadores de Navantia no creen a Margarita Robles y por eso se manifiestan, y todos pensamos que las propuestas de subidas de impuestos que vendrán al Congreso serán las que decida Pablo Iglesias y no María Jesús Montero o Nadia Calviño. Por no hablar de la brutal rectificación que ha tenido que acometer la ministra de Justicia en la impresentable demanda contra Pablo Llarena de los fugados encabezados por Carles Puigdemont. En esa cuestión, que ya comentamos en las páginas de este periódico, se pasó de dejar la jurisdicción española a los pies de los caballos a tener que defenderla, ante el brutal descontento de los jueces, y, en menor medida, todo sea dicho, de las críticas de formaciones como Ciudadanos y otros partidos.
Todo este desgaste gubernamental ha ocurrido en solo 100 días. Además, el caos y la incertidumbre generada están afectando no sólo a la situación política, sino también a la económica, con síntomas evidentes de desaceleración. En estas condiciones, sin proyecto, sin escaños, y con un equipo cada vez más tocado, Pedro Sánchez puede vetar nuestras propuestas, enfadarse con Ciudadanos e, incluso, decirnos, o no (aunque hay quién le pareció escucharlo) que nos vamos a enterar. Pero lo que Sánchez no puede hacer es gobernar con un mínimo de efectividad. Esto lo puede ver cualquiera, como también se ve que la Universidad española necesita transparencia y reformas. Y tampoco hay que ver muy lejos, subiéndose a hombros de gigante, para ver que todo esto afectará a quienes están en situación similar, como Pablo Casado...
En fin, la experiencia nos enseña que, si el puesto de alguien depende de no ver algo evidente, no lo verá. Pero también es cierto que toda realidad ignorada prepara su venganza. Esto días hemos visto algunos ejemplos. Veremos cuánto tardan algunos en convencerse de que la salida a todo esto pasa por devolver la voz a los españoles.
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