Desde hace tiempo es evidente que en España se viene produciendo un deterioro cultural en los políticos "de partido" y como consecuencia de ello un deterioro en la calidad profesional de quienes ostentan los cargos públicos. Y no sólo en los cargos estrictamente políticos sino también -y sobre todo- en el "sector público empresarial", que en torno a la Administración Central abarca 144 sociedades y 13 entidades públicas empresariales.
En este ámbito y según ha descrito el profesor Andrés Betancort, los nombramientos del Gobierno que preside Pedro Sánchez son especialmente inadecuados, pues a casi todos los nombrados les falta la cualificación para el puesto que van a desempeñar.
Sin embargo, existe una norma (Ley 3/2015) que exige que "el nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas... Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar", y la ley añade, "en la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos ya desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra". Esa idoneidad deberá ser apreciada "tanto por quien propone como por quien nombra".
La norma está muy bien, pero en caso de que no se cumpla, ¿quién sanciona? Pues el Consejo de Ministros, es decir, el mismo grupo de personas que los nombra. Estamos, pues, ante una trampa para conejos, y ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pues a esa ley le falta una pieza principal: un tribunal de evaluaciones con autoridad e independencia, que sea capaz de impedir, por ejemplo que a alguien sin ninguna experiencia en Correos ni en Transportes (fuera de ser Jefe de Gabinete del Secretario General del PSOE) se le nombre presidente de Correos, con 50.000 empleados a su cargo.
El 44% de los miembros de la Ejecutiva Federa del PSOE están ahora ocupados en la Administración del Estado y no es la primera vez que se ha producido desembarco así. Por no hablar de ese mismo vicio trasladado a las CCAA y a los Ayuntamientos. Este enchufismo desbocado no sale gratis sino que desprestigia a las instituciones. Un daño que la aplicación real y no ficticia de la ley aquí citada evitaría... y, de paso, convenientemente ampliada, regulando los ceses, serviría también para dotar de estabilidad a las instituciones. Estabilidad que es más necesaria que nunca, con la llegada de "nuevos actores" políticos. Si a la dispersión parlamentaria se le añade esta arbitrariedad en los nombramientos, estamos ante un problema gravísimo, ya que la llegada masiva de incompetentes a los altos puestos del Estado es para echar a correr y no parar hasta la frontera más próxima.
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