La política fiscal de un gobierno es algo más que una cifra, pero parte de una cifra: el techo de gasto. O, si ustedes lo prefieren, tomen como punto inicial un objetivo de déficit público y una previsión de recaudación: ¿cuánto se puedo endeudar el sector público? Ése es el objetivo de déficit. En segundo lugar: ¿cuánto va a recaudar el Estado? La suma del déficit y de la previsión de recaudación es lo que el Estado se puede gastar.
Todas estas cuestiones son rutinarias. El denominado acuerdo de techo de gasto se debate y vota todos los años desde que tenemos leyes de estabilidad presupuestaria. El acuerdo contiene básicamente tres cuestiones: el tope de gasto no financiero de la Administración General del Estado, conocido como techo de gasto, la fijación de la regla de gasto y la senda de los objetivos de déficit. La regla de gasto es la determinación de cuánto pueden crecer los gastos de las Administraciones. Esta regla está indiciada al crecimiento previsto a medio plazo. En principio, solo se puede gastar más si se suben estructuralmente los ingresos, es decir si se suben los impuestos. Por último, los objetivos de déficit es como su propio nombre indica el objetivo de diferencia entre ingresos y gastos: cuánto más se pueden endeudar el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y las Administraciones locales.
No es precisamente sencillo cambiar la política económica sin pasar por las urnas y con solo 84 diputados, y sin mayoría, ni en el Congreso, ni tampoco en el Senado. De hecho, el pasado 2 de junio, al día siguiente de la moción de censura, en elEconomista en mi artículo El Gobierno Frankenstein y la Democracia ya anticipaba que esto no era viable, y que los primeros problemas comenzarían precisamente con el techo de gasto. El artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece que el acuerdo que contiene el techo de gasto se traslada a las Cortes Generales. El Congreso y el Senado tienen que aprobar sucesivamente el acuerdo, que, si no, se devuelve al Gobierno, y que entonces tiene que presentar otro acuerdo en el plazo de un mes.
Traduciendo: no se puede iniciar la senda presupuestaria si no lo permite la mayoría absoluta del PP en el Senado. Por eso, cuando el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho que no lo apoya, la nueva política fiscal del PSOE, es decir, el incremento masivo de gasto financiado con más déficit y más impuestos, parece que tiene muy poco futuro. En Ciudadanos no estamos de acuerdo con algunas ideas económicas de Casado y su equipo, tales como el cuponazo o garantizar el anonimato de los defraudadores de la amnistía fiscal de Montoro, pero llegamos a un acuerdo de techo de gasto y presupuestos con el PP que está muy lejos de lo que propone el Gobierno temporal del PSOE. Por eso, un nuevo techo de gasto que sube más que nunca (más de 6.000 millones de euros) nos parece una pésima idea.
Por otra parte, esto no es más que el anticipo del gasto sin control, para el que se quieren subir todo tipo de impuestos: a los conductores de coche diésel, a los clientes de los bancos, a los accionistas de empresas que vendan más de 8 millones de euros... Desde Ciudadanos estamos frontalmente en contra de todas estas subidas de impuestos, que serán negativas y contraproducentes para el crecimiento económico en España. Lo que necesitamos es control del gasto, supresión del gasto improductivo y lucha contra el fraude fiscal. Cuando hemos cumplido, gracias al acuerdo presupuestario PP-Ciudadanos, por primera vez en diez años, el objetivo de déficit, no necesitamos más borrachera de gasto, más déficit y más impuestos. Ésa no es la vía.
Lo sorprendente es que el Gobierno temporal del PSOE, el más débil de la historia de España, no ha negociado previamente el techo de gasto. Esto lo hizo Montoro en los dos años anteriores. Gracias al acuerdo de Ciudadanos en el segundo techo de gasto hoy más de 3 millones de españoles, los que menos ganan, se benefician de la rebaja del IRPF que impusimos como condición para apoyar el techo de gasto de 2018. Ahora, el Gobierno más débil de la democracia, el del PSOE de Sánchez, sin haber negociado nada, hace llamamientos a la responsabilidad, para que se le apruebe sin condiciones el inicio de la senda presupuestaria.
A partir de unas pocas cifras, como el objetivo de déficit, el techo de gasto, hay que desarrollar toda una política. Sin embargo, este Gobierno ha seguido el camino inverso: cuadrar unas cifras partiendo de unas ocurrencias previas. Y todas ellas disparan el gasto público.
Para este viaje, si no hay cambios sustanciales, el Gobierno temporal del PSOE no podrá contar con nuestro apoyo, y, además, como ya decíamos hace meses, esto no es viable. Para cambiar toda la política fiscal (a peor) no es optativo consultar a los españoles. Es una exigencia democrática y todo apunta a que, si no se hace, el Gobierno débil de Sánchez, además de quedarse en manos de populistas y separatistas, tendrá que afrontar el fracaso de muchas de sus ocurrencias. El problema es que, en buena medida, ese fracaso lo pagaremos todos.
Entidades
