Cataluña lleva casi una década siendo la comunidad autónoma cuyo Gobierno más castiga a la clase media y trabajadora vía impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una comunidad con un escenario tributario en el que los que menos recursos tienen son los que acaban soportando más impuestos.
Las comunidades autónomas tienen capacidad reguladora sobre el llamado tramo autonómico del IRPF, una competencia que permite variar tanto los tipos impositivos aplicables en cada uno de los tramos de renta como el número de tramos que componen la estructura de la escala tributaria, respetando siempre la progresividad del impuesto. Esta capacidad normativa también permite fijar el mínimo personal y familiar así como establecer deducciones en la cuota íntegra autonómica.
Los diferentes gobiernos de la Generalitat han utilizado sus competencias reguladoras sobre el IRPF para subir los tipos impositivos de la clase media y trabajadora cargando sobre los hombros de los que apenas consiguen llegar a fin de mes los efectos económicos de los años más duros de la crisis y el sobrecoste de una nefasta gestión de lo público.
Desde el punto de vista del gasto público llevan más de 40 años sin acometer las reformas necesarias, reformas que tienen que ir encaminadas a conseguir una gestión eficaz y eficiente del presupuesto, eliminando las duplicidades y triplicidades que padece la administración pública catalana, en definitiva lo que toca es eliminar la grasa y reforzar el músculo de la administración. Sin embargo sus actuaciones y decisiones han ido siempre en sentido contrario, los gobiernos de la Generalitat han tenido una única obsesión: la de separar Cataluña del resto de España priorizando la agitación y la propaganda a actuar con responsabilidad. Dirigentes que han abandonado sus obligaciones políticas y que no miden los costes de sus decisiones, lo que les lleva a un despilfarro indecente, destinando gran cantidad de recursos a chiringuitos políticos repletos de incontables altos cargos puestos a dedo, 'cienmileuristas' todos ellos.
Desde el punto de vista del ingreso público el Gobierno catalán lejos de garantizar la seguridad jurídica de los agentes económicos ha provocado la huida de más de 4.000 empresas, agravando dicha inseguridad jurídica que desincentiva a los inversores, y que perjudica al comercio, la hostelería y al turismo en general, ámbitos que contribuyen a un mayor crecimiento económico y por lo tanto a una mayor recaudación vía IRPF.
Al final la factura de su incapacidad de gestión la estamos pagando entre todos los catalanes, la primera decisión que tomaron fue la de recortar en servicios básicos para la ciudadanía, aplicando los recortes más salvajes de toda la democracia; en segundo lugar malvendiendo el patrimonio, con chapuzas que todavía colean como la privatización de Aigües Ter Llobregat, operación anulada por el Tribunal Supremo.
La tercera decisión ha sido la de subir los impuestos de la clase media y trabajadora, especialmente, a aquellos cuyos ingresos están comprendidos entre los 14.000 euros y los 33.000 euros anuales, lo que equivale a los dos primeros tramos autonómicos del IRPF y que afecta a más del 80% de los contribuyentes catalanes.
Esta presión fiscal asfixiante, en la que los que menos recursos tienen asumen una mayor responsabilidad tributaria, afecta tanto a los trabajadores como a los pensionistas, en la medida en que las prestaciones de jubilación se consideran rentas del trabajo y por lo tanto supone que tengan un menor salario o pensión disponible.
Después de una década de subidas de impuestos es el momento de que el alivio fiscal llegue a las familias y pensionistas de Cataluña. Para dar la necesaria respuesta a esta situación, nuestro Grupo Parlamentario ha registrado en el Parlamento de Cataluña una propuesta de Ley que modifica la escala autonómica del IRPF, reduciendo el tipo impositivo de los dos primeros tramos: en el primero hasta los 17.707,20 de renta disponible anual del 12 actual al 9,5% y en el segundo hasta los 33.007,20 euros del 14 al 13,5%.
Esta modificación supone un ahorro fiscal para más de 3.000.000 de contribuyentes catalanes beneficiando a más del 83% de las declaraciones que se presentan cada año. A modo de ejemplo, una pareja con un hijo tendrá 650 euros más disponibles al año.
Desde Ciutadans tenemos la convicción de que es de justicia revertir esta situación aliviando la carga fiscal que soportan las rentas bajas para compensar el sobre esfuerzo adicional que se les ha exigido a lo largo de todos estos años de crisis; y así seguiremos trabajando.
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