El Sr. Torra no se cansa de repetir que sus objetivos son: la implementación del mandato democrático del 1-O y la restauración de los daños producidos por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
El denominado referéndum del 1-O no fue tal porque no fue autorizado, tal y como exige la Constitución y, por tanto, el Tribunal Constitucional. Tampoco reunió los requisitos exigidos por la Comisión de Venecia para su validez. Los observadores internacionales contratados por la propia Generalitat, por su parte, se negaron a validarlo. Tampoco cumplió con los requisitos exigidos por la legislación emanada del propio Parlament de Cataluña: no hubo recuento alguno porque los miembros de la Sindicatura Electoral, el único órgano competente para hacer el recuento según la propia legislación catalana, habían dimitido.
Como consecuencia, Puigdemont, sin recuento alguno, proclamó que Cataluña se había ganado su derecho a ser independiente, pero no pudo proponer al Parlament que declarara la independencia, pues, conforme a la propia legislación catalana, era necesaria la previa declaración del resultado por la Sindicatura Electoral, declaración que nunca se produjo. El Parlament, por ello, no declaró nunca la independencia ni hubo república catalana en ningún momento, de acuerdo con su propia legislación, ni siquiera durante unos pocos minutos o segundos.
No hay, en consecuencia, mandato democrático alguno para proclamar la independencia ni para implementar ninguna república. Únicamente hay un automandato etnosecesionista, es decir, una conjura de las élites etnosecesionistas para conseguir la independencia de Cataluña, sea por cauces legales o ilegales. A estos últimos, la neolengua independentista los denomina vía unilateral hacia la independencia. Dicha unilateralidad ha implicado ilegalidad. No se trata, como estamos viendo, de una ilegalidad civil o administrativa sino, según el fiscal y el juez instructor, de una ilegalidad penal.
¿Por qué lo llaman mandato democrático?. Por la sencilla razón de que quienes no votaron, o votaron en contra, es decir, los no independentistas en la egovisión etnosecesionista, no son catalanes : son gente o bien nacida en Cataluña pero que no es catalana - como afirmó J. Pujol de J. Borrel-, o bien españoles residentes en Cataluña-como afirman Torra o Borras- . Los únicos catalanes son los que piensan y actúan como ellos, es decir, ellos. Y solo ellos son los que conforman el pueblo de Cataluña, el único dueño del territorio catalán. Como consecuencia inevitable de esta tautología totalizante, toda decisión de las élites etnosecesionistas está respaldada, por definición, por la totalidad del pueblo de Cataluña.
Pues bien, Torra afirma que una de sus misiones fundamentales consiste en hablar con el Gobierno para comunicarle -en su jerga se denomina diálogo- que debe dejarle ejecutar esta conjura. Si no lo hace, será un Gobierno no dialogante, inmovilista , antidemocrático y, naturalmente, anticatalán, porque lo que opinen los nacidos en Cataluña pero que no son catalanes por no opinar como él, así como los españoles residentes en Cataluña, que tampoco son catalanes por la misma razón, no cuenta porque no forman parte del pueblo de Cataluña. Es más, según C. Forcadell, anterior Presidenta del Parlament, son enemigos del pueblo catalán. Por su puesto, tampoco cuenta la opinión del resto de ciudadanos españoles residentes en las demás partes del territorio español.
Por otro lado, según Torra y sus seguidores, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha causado graves daños a Cataluña y su segunda misión consiste en repararlos. ¿Cuáles son esos daños?
El efecto más importante de la aplicación del art.155 CE ha sido impedir que tuviera vigencia efectiva la Ley de Transitoriedad y Fundacional de la República aprobada por el Parlament, conforme a la cual, los jueces, en Cataluña, serían nombrados y cesados por el Gobierno catalán, no podrían enjuiciar ninguna ley ni acto del Gobierno, los directores de los medios de comunicación públicos y privados también serían designados por el ejecutivo catalán y un largo etcétera de medidas que convertían a Cataluña en una dictadura bolivariana sin paliativos. Todo ello sin mencionar el procedimiento de elaboración de la futura constitución de la república. Por lo visto, el artículo 155 ha producido el inmenso daño de impedir que Cataluña fuese un régimen autoritario no homologable en el sur de Europa. ¿Es ese uno de los daños que debe ser reparado?
Otro efecto ha sido el control de las cuentas de la Generalitat, algunos de cuyos dirigentes, empezando por el anterior president, están acusados de malversación de fondos públicos, es decir, del dinero de los contribuyentes - entre los que se hallan, según la neolengua etnosecesionista, los nacidos en Cataluña pero no catalanes, y los españoles residentes o no en Cataluña-, sólo sostenidas por las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómica, financiado con el dinero de todos los contribuyentes españoles.
Las acusaciones de malversación formuladas por el juez instructor sostienen que parte de ese dinero se ha utilizado para financiar la vía unilateral -es decir, ilegal- a la independencia. ¿Es este otro de los daños que debe ser reparado?. De momento, el Sr. Torra ha dicho que no renuncia a la vía unilateral -es decir, ilegal- para la secesión, y hemos visto cómo, nada más finalizar la vigencia de la aplicación del 155, el Govern ha dotado de nuevos fondos a TV3, el principal órgano de la agitprop independentista, a pesar de ser una televisión pública, es decir, financiada por el dinero de todos, tanto de ciudadanos catalanes -la mayoría de los cuales no es independentista-, como del resto de ciudadanos españoles, contrarios, en su inmensa mayoría, tanto a las pretensiones como a los procedimientos del etnosecesionismo catalán-. El dinero de todos ellos financia TV3 pero ésta solo sirve la causa etnosecesionista. Como vemos, las prioridades del etnosecesionismo no son mejorar las instalaciones educativas, ni las sanitarias, ni semejantes, sino fortalecer su cañón Berta mediático, que es el que necesitan sus dirigentes para seguir instalados en el poder.
Otro efecto, en fin, ha sido la imposibilidad de que el Parlament legislara incluso sobre las materias propias de su competencia como consecuencia de los excesos cometidos, formal y materialmente contrarios a las exigencias de cualquier Estado Democrático de Derecho.
Para recuperar sus competencias, hubiera bastado con que la mayoría parlamentaria - es decir, la resultante del sistema electoral vigente, que no se corresponde con la mayoría social- hubiese sido capaz de elegir un nuevo president y éste de nombrar consellers a personas legalmente habilitadas. No lo ha sido durante casi seis meses porque su prioridad es el enfrentamiento con Madrid, es decir, con el Estado de Derecho. Sin enfrentamiento, la base electoral secesionista se contrae y, por lo tanto, los dirigentes pierden el poder, con todos sus beneficios. El enfrentamiento perjudica a la mayoría social catalana pero las élites independentistas lo necesitan tanto como el aire que respiran para mantener con beneficios su dispositivo etnocrático, solo rentable para parte de esas élites y parte de sus votantes -las del PdeCat- pero no para otras -las bases de Esquerra y las de la CUP que, como han señalado atinadamente los profesores Arruñada y Satorra, ya están empezando a darse cuenta-.
¿Qué efectos de los producidos por la aplicación del 155 considera el Sr. Torra que son dañinos y qué es lo que quiere hacer para repararlos?
En mi opinión, el balance de la aplicación del 155 no ha sido dañino sino beneficioso para la sociedad civil catalana. El hecho de que el comportamiento inducido por las élites independentistas hiciera inevitable su aplicación es lo que ha herido profundamente la autoestima de la misma sociedad, especialmente de la no independentista en general y de la catalanista en particular, aun cuando la aplicación del 155 les haya aportado una cierta tranquilidad.
Adicionalmente, el hecho de que los dirigentes etnosecesionistas hayan sido incapaces de formar Gobierno durante seis meses, prolongando así su vigencia, ha evidenciado cómo han colocado sus intereses corporativos como dirigentes no solo por encima de los de la mayoría social catalana, sino de los de sus mismos votantes, especialmente de los más vulnerables, que son, precisamente, los votantes de ERC y de la CUP.
Llegados aquí, la cuestión es qué hacer para superar la situación actual. A ello quizás me refiera en artículos posteriores, advirtiendo, ya desde ahora, que, si no se entiende cómo hemos llegado hasta aquí, caeremos en los mismos errores de siempre, lo cual agravará la situación más pronto que tarde y sin que ello sirva para dar una tregua, por mínima que sea, al nuevo Gobierno, por más señuelos que le hagan llegar en ese sentido, tanto desde fuera como desde dentro del propio Gobierno.
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