Para valorar la dimisión del ministro más breve de la Democracia, es preciso aclarar unos cuantos malentendidos en el cumplimiento de una obligación fundamental de todo ciudadano: pagar sus impuestos. El primero es si estamos hablando de un comportamiento defraudatorio o no. Aquí hay que tener en cuenta varias cuestiones. La primera de ellas es que no estamos ante un delito contra la Hacienda Pública. Efectivamente, como no ha habido una defraudación dolosa superior a 120.000 euros no estamos ante un delito fiscal. Ahora bien, aunque todos los delitos contra la Hacienda Pública presuponen fraude fiscal, el fraude no se limita a los delitos.
El comportamiento es fraudulento porque se dan varios elementos. En primer lugar, el contribuyente paga menos impuestos de los que le corresponden legalmente. Esto se debe a que factura a través de una sociedad unipersonal un servicio personalísimo, es decir que sólo puede hacer, y de hecho hace él: presentar un programa de televisión. Esto ya es muy problemático, pero hay más. Incluso prescindiendo de que él no es una sociedad, el Sr. Huerta debía haber facturado a su sociedad interpuesta a precio de mercado, porque así lo exige la Ley del Impuesto de Sociedades (ahora artículo 18, antes 16), por lo menos desde 2006 (reforma aprobada en la ley de prevención del fraude del Gobierno de Rodríguez Zapatero). Usted se puede preguntar cuánto es el precio de mercado, pero en este caso es bastante simple: lo que paga un tercero por los servicios de la sociedad. Esto lleva la tributación al IRPF, aunque se haya interpuesto una sociedad. Y esto le parecía intolerable al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que señaló textualmente que: "Si yo tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Es el compromiso que yo asumo con mis votantes y los españoles". Con independencia del criterio de Sánchez, que sorprende que se aplique, de momento, sólo a la ejecutiva del PSOE y no al Gobierno de España, nos encontramos, ante una decisión de crear una sociedad interpuesta, exclusivamente para ahorrarse impuestos, sin cumplir los requisitos legales.
Esto no sólo lo digo yo, sino que es la conclusión tanto de la Inspección de Hacienda, como del Tribunal Económico Administrativo y por último de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Aquí hay un agravante adicional: los gastos que se deduce la sociedad. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, casi un 70% de ellos no tiene relación con la actividad, y esto se considera "no de buena fe", voluntario, culpable o como mínimo negligente y por tanto se ratifica la sanción tributaria. Esto se refiere, entre otras cosas a deducir en la base imponible del impuesto de sociedades de la interpuesta, por ejemplo gastos de una vivienda vacacional situada a más de 400 kilómetros de donde se realizan los servicios y se obtienen los ingresos.
En resumen, nos encontramos ante un comportamiento ilegal, para pagar menos impuestos, voluntario y que da lugar a una sanción, ratificada por los órganos judiciales y firme. Ante esto, siendo suaves, no se entienden las afirmaciones del señor Huerta en los medios de comunicación, de que todo esto se debe a un cambio de criterio de Hacienda. Sin entrar en otras consideraciones, nunca ha habido un criterio de Hacienda que permita deducirse gastos personales, que nada tienen que ver con los ingresos, en la base de ningún impuesto, tampoco en el IRPF o en Sociedades.
Este comportamiento afecta de forma grave a la ejemplaridad que se le puede y debe exigir a un servidor público. Además, donde debe dar explicaciones de todo esto, y de otras cuestiones, un ministro, es en el Congreso de los Diputados, no sólo en una entrevista en la radio. Desde Ciudadanos, exigimos en un primer momento una comparecencia urgente, precisamente porque nadie debe ser sancionado o condenado sin ser escuchado primero. Sin embargo, Huerta, suponemos que forzado por su valedor Sánchez, o por la presión del aparato socialista, ha dimitido.
Nunca un ministro había durado tan poco. Esto pone en duda el criterio de Sánchez como presidente a la hora de formar un Gobierno. Sánchez no ha explicado un proyecto y se ha limitado a nombrar ministros. Su segunda decisión ha sido aceptar la irremediable dimisión, no sólo por razones éticas, sino por incumplir voluntariamente las leyes fiscales, de su primer ministro. Su primera decisión fue permitir operar sin trabas financieras al Gobierno de Torra y Puigdemont, otro error, incluso más grave que el nombramiento de Màxim Huerta, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.
Màxim Huerta se ha despedido sin la más mínima clase: acusando a gremios enteros de defraudar, desprestigiando a las instituciones y calificando a sus críticos como "jauría", además de mintiendo, ya que su comportamiento fiscal pagando 20.000 euros de impuestos sobre 800.000 de ganancias es cualquier cosa menos inocente. A la luz de la despedida, Sánchez no acertó precisamente con su nombramiento.
Pero por encima de todo, Màxim Huerta no cumplía los estándares mínimos para ser Ministro del Gobierno de España: no había una ejemplaridad mínima. ¿Con qué autoridad moral podía exigir el cumplimiento de las leyes, o el pago de impuestos, un defraudador declarado en sentencia firme? Los fondos públicos, y también los destinados a la cultura, salen de los impuestos que pagamos todos.
El ya exministro Huerta no era un buen ejemplo. Y como señalaba Albert Einstein: "El ejemplo no es la mejor forma de cambiar el comportamiento de los demás, es la única forma". También en política, la ejemplaridad lo es todo.
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