Asunto cerrado hace diez años. El ministro de Cultura y Deporte ha dado explicaciones sobre las dos sentencias emitidas en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en las que no es condenado por delito alguno. Las dos resoluciones establecen por contra que los recursos que presentó a las sanciones de Hacienda no fueron admisibles al apreciarse una tributación incorrecta derivada de "eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tributarias en perjuicio del erario público". Los hechos se produjeron hace más de una década, y la multa abonada por Màxim Huerta le deja completamente limpio en su relación con las arcas públicas y con los juzgados.
Cambió el criterio. El ministro alega que se adaptó al cambio de tributación establecido por Hacienda respecto a las sociedades limitadas por las que se tributaban servicios profesionales en oficios como el de periodista. Muchos nombres muy conocidos han sido inspeccionados por este motivo: lo que antes se daba por válido llegó un momento en que fue considerado como una manera de defraudar, al haberse imputado a la sociedad creada gastos que en realidad eran más bien personales. Así ha comprometido Hacienda a un buen puñado de profesionales que han tenido que pagar sanciones elevadas por hacer algo que antes no se perseguía.
En idéntica situación están algunas estrellas del fútbol español, que tributaban fuera del país por los derechos de imagen generados en territorio nacional. El cambio de criterio de Hacienda les está llevando, se llamen como se llamen, ante los tribunales por buscar una manera inapropiada de ahorrarse el pago de los tributos que les correspondía pagar. Idéntico caso al del titular de Cultura y Deporte.
Este asunto incomoda al nuevo gobierno, que está ocupado en problemas realmente más importantes como la acogida al barco de los inmigrantes, algo que honra a nuestro país y a quien lo dirige. Es cuestionable si Huerta debería haber informado al presidente Pedro Sánchez sobre este litigio del pasado con el fisco, pero una vez conocido públicamente, las exigencias que se le deben hacer son las mismas que se harían a cualquier otro, las mismas que se han hecho a otros.
Máxim Huerta y cualquiera que acceda a un puesto de responsabilidad política o institucional en España tiene que adaptarse a los nuevos criterios. Los de la Hacienda pública para no declarar menos impuestos de los que le correspondan, y los de una opinión pública, y sobre todo la publicada, que han establecido el listón de la limpieza y la apariencia en unos niveles que rozan lo inasumible.
No resultaría serio que las siglas del gobierno al que pertenece el señor ministro o lo reciente de su acceso al cargo supongan un eximente en ese juicio implacable en que se ha convertido la plaza pública, aquella que investiga la más mínima tacha o lo que parezca una tacha en el historial de las personas, en sus vidas privadas (pequeños hurtos en supermercados incluidos) o incluso en las de sus familiares. En aras a la neutralidad, al trato equilibrado hacia todos los que nos gobiernan o han gobernado, se le debería exigir exactamente lo mismo que si fuera un ministro de cualquier otra formación política.
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