Nadie espera a la Inquisición Española" (Monty Python). Yo por lo menos, no esperaba que los argumentos del ministro Cristóbal Montoro ante las quejas sobre los impuestos en España se resumiesen en que "la Agencia Tributaria no es la Inquisición, y que el problema de este país es que los ricos se quejan de más."
Es cierto que la Agencia Tributaria no es la Inquisición, entre otras cuestiones porque persigue cobrar impuestos y no salvar las "almas fiscales" de los contribuyentes. Sin embargo, en ocasiones el ministro Montoro sí recuerda a un inquisidor general, por ejemplo cuando acusó a muchos profesionales, como actores o deportistas, e incluso políticos, de otros partidos distintos del PP, de no estar al día con Hacienda. O también cuando el ministro de Hacienda justificó los ceses de inspectores en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes en que los inspectores destituidos eran socialistas.
En estas cuestiones, hay sin duda un rastro de culpabilidad por las decisiones fiscales del PP de Montoro y Rajoy: subida indiscriminada de impuestos a los que ya los pagaban, después de haber prometido exactamente lo contrario, y amnistía fiscal a los defraudadores. Se puede estar de acuerdo o no, yo no lo estoy, con esta política fiscal del PP, pero lo último es negar el derecho al pataleo. Creo que cualquiera, rico o no, tiene derecho a quejarse de la Agencia Tributaria, de la política fiscal del Gobierno o de lo que le parezca oportuno: eso no es un problema de España, es simplemente la libertad de expresión propia de una democracia.
Ahora bien, lo más preocupante, y criticable (siendo suave) de las declaraciones de Montoro no son sus referencias a la leyenda negra, sino su defensa de un mito, en el que ya solo creen él y Rajoy: "Que no se destinó ni un solo euro público a la financiación del ilegal referéndum separatista del 1-O".
Esto es lo que vino Montoro a contar al Congreso el pasado 31 de agosto. Ya entonces le señalé que toda la garantía de que no se estaban empleando fondos públicos en el referéndum no podía consistir en un certificado remitido por Oriol Junqueras. Cuando un inspector comprueba si alguien ha pagado sus impuestos, no le pide al interesado un certificado ni que "jure por Snoopy" que no ha defraudado, lo que hace es exigir facturas y medios de pago.
Creo que esa comparecencia del ministro Montoro en el Congreso fue una enorme irresponsabilidad y un error. Sin embargo, insistir en que no hubo desvío de fondos en este momento es todavía más grave. Por una parte, porque desautoriza el trabajo de los jueces, fiscales y guardias civiles que están investigando. Porque también es negar la realidad, por ejemplo, de los spots de propaganda del referéndum del 1-O emitidos en TV3 y encargados por el Departament de Presidencia de la Generalitat.
Pero sobre todo, porque la extradición de Carles Puigdemont, y probablemente de los demás consellers, está pendiente de que haya, o no, desvío de fondos públicos a finalidades ilegales.
Hay muchos aspectos criticables en la entrevista, pero yo solo le pediría al ministro Montoro, por responsabilidad, que no trabajase para los intereses de los abogados del expresidente de la Generalitat.
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