Lo menos que puede pedirse a quien ostenta una responsabilidad pública es que actúe con cierta coherencia. Pero en esta España de hoy en día en la que la política se pudre, arrasada por los peores vicios de los partidos, ya no queda ni eso.
Hace no tanto, un ministro de Felipe González, José Luis Corcuera, dimitió porque el Tribunal Constitucional le dijo que su ley, conocida como la de la patada en la puerta, violaba los principios de la Carta Magna. Y no fue el único, que catorce años dan para mucho. Hoy no podríamos imaginar tal ejemplo de integridad.
Ahora está de moda mirar hacia otro lado como si no fuera con uno, resistir y embarrar los periódicos, esparciendo ejemplos execrables en las filas de los adversarios. Javier Maroto (PP) exigía la cabeza de Toni Cantó (Ciudadanos) y de José Luís Ábalos (PSOE) porque al parecer han mentido en su currículum. Lo pide el mismo Partido Popular que se niega a entregar la pieza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. ¿En qué quedamos? ¿Hay o no hay que dimitir por faltar a la verdad? Más grave es lo que ocurre en Andalucía. Cualquiera que no haya oído hablar de los ERE, podría pensar que el dinero voló por las ventanas en un descuido y nadie se enteró. Y no se trata precisamente de una cantidad pequeña. Se desviaron entre 600 millones y 800 millones de un presupuesto que ronda los 29.000 millones, el porcentaje no es desdeñable.
Pero, por lo que dicen al juez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán no entraban en esas minucias y Pedro Sánchez, además, lo entiende, porque resulta que son buena gente. Si me apuran, que digan que no sabían que era para comprar nuevas voluntades y financiar amiguetes, pero al menos tendrían que admitir que sin ellos en la Presidencia de la Junta nunca hubiera sido posible hacerlo.
Ahora bien, en esto de escaquearse los separatistas catalanes se llevan la palma. Artur Mas abrió la brecha endilgando a los voluntarios toda la organización del referéndum del 9-N. Por su parte, Carmen Forcadell fue su alumna aventajada. Con tal de aplazar la entrada en prisión, debió presentarse ante el juez Pablo Llarena como la más firme defensora de la Constitución. Oriol Junqueras, incluso, va camino de superarla. Asegura que no se gastó ni un euro público en el proceso. ¿Y las urnas? ¿Las papeletas? ¿Las embajadas? ¿Los invitados periodistas? Ay, es que la coherencia puede salir cara. Y fuera del partido en el que algunos han pasado toda una vida les va a resultar difícil encontrar un trabajo digno con el que ganarse el pan.
Entidades
