Firmas

Fuego amigo contra Cifuentes

  • Cristina Cifuentes tiene los días contados
  • El que ha filtrado la información es una persona cercana a Cifuentes
Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes tiene los días contados. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó al cargo con ánimo de convertirse en adalid contra la corrupción, según unos; con sed de venganza, según otros. Destapó el caso Lezo, que provocó la detención del anterior presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González, así como el de Inassa, la filial colombiana, Edmundo Rodríguez Sobrino.

Pero le va a salir muy caro. Tanto que unos meses después de que se enfrentara a toda la administración madrileña anterior, que intentó por todos los medios que no accediera al cargo, ahora es ella la que está en la cuerda floja. Quien filtró la información sobre las presuntas irregularidades de su máster de Derecho Público en el Estado Autonómico estaba al tanto de sus actos, era una persona cercana, porque conocía al detalle cada uno de sus pasos.

Universidad controlada por el PP

El rector de la Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, intentó echarle una mano en un primer momento. La URJC es una Universidad controlada por el entorno del PP y la propia Comunidad de Madrid está en el consejo social. Pero enseguida rectificó y abrió una investigación interna, porque sabía que el acta presentada ante los medios de comunicación para justificar la actuación de Cifuentes fue reconstruida de manera precipitada el mismo día que saltó la información. Una chapuza por la que el rector debería haber cesado, para salvaguardar el buen nombre de la Rey Juan Carlos y sus 42.000 alumnos.

Cifuentes se matriculó varios meses más tarde, no asistió a clases y no existen pruebas de que presentara un trabajo final de máster, ni siquiera por parte de la URJC. Pero, además, la nota pasó de no presentada a notable por un error de transcripción, según una carta del catedrático que corrigió los exámenes, Pablo Chico, que también fue manuscrita a finales de marzo.

La presidenta madrileña lo ve todo "normal", " lo que podría ocurrirle a cualquier ciudadano". Pero ni siquiera puede aportar pruebas de la dispensa para no asistir a clases.

La presidenta del tribunal calificador, Alicia Ló-pez de los Mozos, una de las firmantes del acta, reconoció que su firma es falsa. Y el director del máster, Enrique Álvarez, también admitió en Onda Cero que el acta final era reconstruida, o sea, inventada. Es vergonzoso que todo fuera manipulado por orden del rector Ramos.

Seguramente es cierto que la presidenta se presentó a defender su trabajo final y que compareció, en alguna ocasión, ante los profesores, como defiende, pero es evidente que su consecución está plagada de incertidumbres y que recibió un trato de privilegio por la Universidad.

Una práctica utilizada por otros políticos para engordar su currrículum. El exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, fue investido en 2003 doctor por la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense. Rato pasó el examen celebrado en el Salón de Grados de la Complutense "como un ciudadano más", según su palabras. Sin embargo, fueron contadas su asistencia a clase y el trabajo final, titulado "El ajuste fiscal: un modelo explicativo de crecimiento de la economía española en la segunda mitad de los noventa", fue elaborado por un "par de negros", según sus allegados, con ayuda del director de la tesis, José Luis López Roa, que era presidente de la Fundación Empresa, dependiente de la Sepi, un ente público bajo la égida de Rato.

Además, diversas fuentes coinciden en que le pasaron un guión con las preguntas que le iban a formular en el examen. Entre los miembros del jurado del Tribunal figuraban personalidades como el exconsejero del BCE, Domingo Solans, o el actual presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia, José Manuel Marín.

Es obvio que un ciudadano cualquiera no habría gozado de las ventajas del ex vicepresidente, que logró la calificación de Cum laude.

Cifuentes, como ocurrió con la caída de Rato, es víctima del fuego amigo. Las antiguas amistades, en ocasiones, se vuelven en contra, porque se sienten traicionados o maltratados. Su defensa es muy complicada, porque los filtradores o sus allegados facilitaron la consecución del Máster, probablemente la animaron a sacarlo, y conocen al dedillo las lagunas existentes en su ejecución.

La torpeza mostrada por Ramos puede contribuir a su hundimiento, porque el público no distinguirá hasta dónde llegaron los errores de la presidenta o los del rector y acabará haciéndola responsable de todo. Con el agravante de que su futuro político depende de los responsables de Ciudadanos, Ignacio Aguado y de Albert Rivera, que en otras ocasiones actuó sin piedad contra los gobernantes del PP, hasta que se marcharon.

Otro papelón para Rajoy, que salió esta semana a defenderla, como hizo con otros exdirigentes del PP, sin mucha suerte.

Quien aprovechó para sacar tajada es el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el primero en apuntarse a la moción de censura contra la líder madrileña. Sánchez vela armas para tumbar los Presupuestos de Montoro. En los próximos días, presentará un presupuesto alternativo que, según adelantó en una entrevista con elEconomista, recogerá una subida de impuestos a "grandes empresas y fortunas". Con el alza de tributos, puede provocar la fuga de inversores y debilitar a las grandes sociedades para competir internacionalmente.

Sánchez asegura actuar "en defensa de la clase media trabajadora", pero, en realidad, estos serían los más perjudicados. Si quiere favorecer a las clases medias debería promover una bajada de las cotizaciones sociales, que permitieran incrementar las retribuciones y fomentar el empleo de calidad. Otro que necesita más de un par de tardes de lecciones de economía.

PD.-El otro frente abierto para Rajoy es Puigdemont. La denegación del delito de rebelión por parte del tribunal alemán, que decretó su libertad provisional, condicionará las sentencias que obtengan el resto de presos en España. Dejar toda la política catalana al albur de las demandas de extradición del juez Llarena parece arriesgado y puede pasarle una factura electoral.

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