Hay algo que falla en el engranaje institucional cuando dos escasos millones de personas pueden poner en jaque a todo un país. Si afinamos un poco más, no llegan a los 200.000, que esos son los votantes de la CUP.
El pleno de investidura, convocado en fecha y forma adecuadas, está aplazado sine die en Cataluña. Y sin consecuencias.
Primero, porque ERC y PdeCat optaron por un candidato imposible, el Puigdemont prófugo de la Justicia. Y después porque, cuando han llegado a un acuerdo para poner un nuevo nombre sobre la mesa, el de un preso como Jordi Sánchez, los cuperos lo han bloqueado. Otra vez están al mando con solo cuatro diputados. Dicen que el tercero será Turull, a las puertas de la cárcel. Y habrá que empezar de nuevo. Hay que mantener el pulso, tratar de internacionalizar el problema, forzar una distorsión permanente y alarmante.
El bloqueo político de la segunda comunidad autónoma de España, el epicentro del gran problema nacional, sería bueno si se hubiera convertido en la oportunidad para que el Gobierno, armado con el 155, desmontara ladrillo a ladrillo la estructura independentista. Pero no es el caso.
Los constitucionalistas se ataron un brazo a la espalda al usar el aval de la Carta Magna únicamente para convocar elecciones y ahora parece que no les queda más opción que confiar en el Supremo y llorar por la leche derramada. No puede entenderse de otro modo el terrible gesto de impotencia del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, admitiendo que no puede garantizar que los niños catalanes puedan estudiar en su lengua materna, la lengua oficial del Estado.
Algo falla estrepitosamente cuando el Gobierno de un país, con todo el poder en sus manos, se muestra incapaz de hacer efectivos los derechos de sus gobernados, dejándolos al albur de mofas, sabotajes y agravios en su épica lucha en solitario ante los tribunales. El Congreso debe cambiar la ley, pero esta legislatura, que se anunciaba como de la de los pactos de Estado, la del gobierno del parlamento, ha degenerado en una suerte de tercera vuelta electoral. Y con ser la más grave, no es la única distorsión.
Con la vía legislativa bloqueada fruto del cálculo político y la anomalía en Cataluña convertida en fenómeno duradero, no hay presupuesto porque no le conviene al PNV y no hay pacto para reformar las pensiones porque los partidos están más atentos en este momento a las encuestas ante unas hipotéticas legislativas anticipadas que al bienestar de los españoles. No hay nada.
Los problemas reales de los ciudadanos siguen aparcados en el baúl de los recuerdos, porque lo suyo aplaza día a día lo urgente y lo importante. Y su mejor excusa es el empecinamiento de dos escasos millones de personas, apenas el 5% de la población. Algo falla.
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