La situación de bloqueo institucional en Cataluña es una burla descarada a la ciudadanía de esta comunidad autónoma, toda, los que votaron a unos y los que votaron a los otros. El sistema una vez más se demuestra frágil para responder a parálisis provocadas de forma interesada por determinadas formaciones políticas. Los padres de la Constitución, y mucho menos los del Estatut de Cataluña, no pusieron antídotos para este galimatías a caballo entre la legalidad y la ilegalidad, porque sencillamente era imprevisible para todos que se llegara a un aprovechamiento tan acusado de las instituciones.
Entre Bruselas, las cárceles madrileñas y la moqueta del Parlament se está manteniendo una ficción que ni ellos mismos se creen, pero que es sumamente provechosa y efectiva para evitar la imagen de que el independentismo catalán ha sido derrotado por el Estado de Derecho. La infinita paciencia, respeto a la discrepancia y exquisitez con el ordenamiento jurídico de este país han permitido que, tras la disolución del Govern y la intervención constitucional, no se perdiera ni un minuto en devolver la palabra a los ciudadanos para que fueran ellos los que decidieran el futuro político de esta región española. Los acontecimientos han demostrado que fue un error mayúsculo, forzado por las prisas de los partidos que prefieren la inmediatez a la visión de Estado.
En la cámara parlamentaria catalana se escenifica hoy cómo es esa dualidad del soberanismo en este momento exacto de la jugada: reconocer que todo está perdido en privado, y mantener la novela fantástica en público como si no hubieran perdido ya toda opción de culminar el desafío. La reivindicación de la DUI proclamada en octubre iba a ser el miércoles un desafío más a la legalidad, que metiera al independentismo en la senda de la querella fiscal y un nuevo procedimiento en el Supremo contra el aún no imputado Roger Torrent, pero el jueves se ha matizado después de los efluvios de titulares desafiantes. El implacable camino de la legalidad es algo que todos tenemos obligación de recorrer, y la alternativa se ha demostrado ya cual es.
La Arcadia feliz e irrealizable que se incluye en ese documento filtrado convenientemente, que ha revelado la propaganda separatista una vez más, es algo que no se creen ni sus propios autores. Un "espacio libre de Bruselas" lejos de la maltratadora España, una asamblea de electos constituyéndose en parlamento de la república, una presidencia y un consejo de la república, suponen nada más que la continuación de la ensoñación en que quieren seguir viviendo todos estos políticos, plenamente conscientes de la realidad legal y legítima que les impide llevar a cabo esos sueños. Ni siquiera dando a esas estructuras ficticias un barniz revolucionario e idealista esa ensoñación se sostendrá. Entre otras cosas porque hay que pagarlas, y este fondo de resistencia que suponemos sufraga el exilio del ex president acabará agotándose. Los viajes a Bruselas para asistir a la imaginaria asamblea de representantes de la república tendrán que pagarlos de sus bolsillos los alcaldes y diputados independentistas, porque de lo contrario las denuncias se producirán y los tribunales ampliarán sus causas abiertas por malversación, que ya son por demás numerosas.