A todos aquellos que defienden de forma retorcida que los tribunales españoles obedecen a las órdenes del gobierno o los poderes fácticos, a todos los que consideran al Constitucional como un tribunal de excepción manipulado por el poder político, la sentencia sobre la vía Wert en la LOMCE les habrá dejado con las vergüenzas al aire. Lo cual no es impedimento para que sigan manteniendo un discurso amparado en una represión imaginaria de la post-dictadura franquista: seguirán haciéndolo por muchas evidencias que concurran y por muchos años que pasen tras esta etapa de desafío al Estado.
Sentenciando en contra de una norma aprobada por la mayoría absoluta que entonces ostentaba el PP, y siendo el fondo del asunto la lengua, el Tribunal Constitucional ha demostrado su grandeza, tanta como tiene la Constitución que rige la vida de los ciudadanos españoles. Los magistrados podrán estar a favor de que los alumnos tengan la opción de elegir el castellano como lengua vehicular, pero han encontrado aspectos inconstitucionales en la forma que eligió el polémico ex ministro de Educación para garantizarlo. Y de forma demoledora para quienes siguen acusando de politizado al TC, los jueces dicen unánimemente que ese mecanismo de las ayudas invade competencias ¡de la propia Generalitat!
Lo que estos días debería estar haciendo el gobierno es explicar bien lo que ha pasado en relación a la enseñanza en castellano en Cataluña. Cosa que no hace.
El origen de todo esto está en la consecución de un fin justo y legal por un medio equivocado. El gobierno se puso manos a la obra en 2012 para sortear el reiterado incumplimiento por parte del ejecutivo autonómico de las sentencias de los tribunales, y el incumplimiento de su propia ley educativa que establece el derecho a recibir la primera enseñanza en la lengua habitual del alumno, ya sea catalán o castellano. Todos aquellos que reclamaban alguna solución por esa burla constante que impedía a las familias de esa región elegir la lengua en la que estudian sus hijos, quedarían satisfechos. Wert encontró la fórmula de las ayudas, becas o subvenciones con dinero de la Generalitat para esas familias que se vieran obligadas a matricular a los estudiantes en centros privados al negárseles en los públicos el derecho a recibir educación en castellano. Por lo que ahora vemos, la imaginativa solución no era constitucional. Ese tribunal politizado que siempre beneficia al gobierno ha dado la razón a quienes incumplían las sentencias y la ley, y se la ha quitado a quien ha intentado evitarlo aunque eligiendo mecanismos dudosos.
Independentistas y populistas tendrán ahora que evitar el sonrojo al lanzar sus habituales críticas al Alto Tribunal. Y el ejecutivo tendrá que afinar bien sus medidas desde ahora porque sigue siendo su obligación garantizar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Incluir la casilla del castellano en la matriculación del próximo curso, algo que no ha hecho nunca en los últimos tiempos Ensenyament, puede suponer que se rebasen las competencias que la aplicación del artículo 155 de la Constitución atribuye a esta situación de excepcionalidad. No resulta difícil imaginar que si se llevara a cabo, esa medida sería recurrida y anulada igualmente por el Constitucional, que ha demostrado cual es su noble función.
Entidades
