Este diciembre se cumplen los 69 años de la Declaración de DDHH de la ONU y 39 de la aprobación de la Constitución Española. Nos esperan días de discursos hueros, hipócritas y de protocolos desvaídos y llenos de lugares comunes. La solemne Declaración subraya en el Considerando sexto del Preámbulo el compromiso de los Estados Miembros en hacer efectivo en sus territorios los contenidos de los 30 artículos del texto.
Con posterioridad, los Pactos del año 1966 hicieron obligatorios para los Estados signatarios lo que la Declaración contenía. De la misma manera, la Constitución en sus artículos 9 y 10, responsabiliza a los poderes públicos del cumplimiento de los 169 artículos de la misma. Está claro que si la Ley se incumple, los Estados y los Gobiernos, responsables de su cumplimiento, se sitúan fuera de la ley.
Creo que tanto PP como PSOE y Cs, que pomposamente se autoproclaman constitucionalistas, deberían, haciendo ejercicio responsable de su vocación constitucional, hacer un repaso de los artículos e incluso Títulos enteros de la Constitución que han sido obviados a la hora de gobernar desde hace décadas.
Y es que el problema del texto constitucional de 1978 no reside tanto en sus contenidos literales como en los poderes económicos, sociales y político-institucionales que medran en función del incumplimiento de los mismos. El discurso oficial, instalado en la prepotencia derivada de la impunidad con que los desafueros se llevan a cabo, vierte en informativos, actos oficiales y otros saraos, loas, proclamas y ditirambos constitucionales que apenas pueden ocultar ya el gigantesco cinismo que los fundamenta.
Creo que los constitucionalistas a tiempo parcial deberían reflexionar sobre el contenido del tercer Considerando de la Declaración de DDHH de 1948. Dice así: "Considerando que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión".
