Todas las constituciones incorporan procedimientos para reformarlas. En la española, el que fija el 168, obligado para modificar títulos que consagran derechos fundamentales o establecen la forma de Estado, obliga a disolver las Cortes para que los españoles lo ratifiquen en las urnas.
El miedo a perder el gobierno a quien lo ostenta ha ejercido un efecto disuasorio tan potente como el que ha representado hasta hace poco el ahora célebre 155. Esa dificultad, a diferencia de lo que ocurre en otros países, con constituciones más flexibles, no ha sido un obstáculo para tratar de subvertir la Carta Magna por la puerta de atrás.
Es lo que pretendía el Estatuto de Cataluña, aprobado por el Congreso y enmendado por el Constitucional porque, consagrando a una autonomía como nación, convertía a España en una nación de naciones modificando una simple ley orgánica. Otro tanto pretende el manido e inexistente "derecho a decidir" invocado por los sediciosos catalanes y asumido por buena parte de la opinión. El último subterfugio, que parece haber caído en gracia en algunos gobiernos autonómicos, viene con la firma de otro nacionalista.
Con el supuesto fin de lavar la cara al discutido cupo Vasco, Íñigo Urkullu propone generalizar el sistema de concierto. Viene a ser lo mismo que el pacto que Artur Mas reclamó, sólo para su comunidad en este caso, antes de lanzar su órdago a Mariano Rajoy.
Dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones y si es que lo ésta podría encuadrarse en ese capítulo, porque, de generalizarse, quebraría la Agencia Tributaria y la unidad fiscal del país. Constituiría un paso decisivo para convertir a España en una confederación de taifas. Y sólo habría que reformar una ley orgánica. Ahora que celebramos el aniversario de la Constitución no estaría de más hacer pedagogía de su contenido, del valor de la ley. Habrá mucho que reformar, pero, para preservar los derechos de todos, lo conveniente es hacerlo por el procedimiento apropiado.