La llegada de los primeros fríos propicia de nuevo el debate sobre el precio de la electricidad en España. Todavía resuenan los ecos de la situación vivida el pasado mes de enero, en la que se dieron precios récord en el mercado eléctrico.
Recordemos que en la hora 21 del 25 de enero de 2017, el precio del mercado eléctrico diario fue de 10 céntimos por kWh -en 2016 su valor medio había sido de 4 céntimos por kWh- y el importe mensual de la factura del consumidor medio -200 kWh al mes, 4 kW de potencia con contrato PVPC- ascendió a 60 euros, el más alto en toda la serie histórica desde el 1 de julio de 2009 cuando se puso en marcha el actual sistema de facturación eléctrica.
Diversos factores fueron invocados en aquellas fechas para justificar los elevados precios: incrementos inusuales en la demanda por el frío invernal y la exportación de electricidad a Francia, así como limitaciones en la oferta de generación barata por la poca producción eólica e hidráulica -reservas al 40 por ciento- y el alto precio del gas. La alarma social llegó hasta tal punto que la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo abrió diligencias para "asegurar la protección de los consumidores", aunque curiosamente el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) ya había dictado veredicto de culpabilidad sobre el mercado de gas Mibgas y anunciado medidas para dotarlo de mayor volumen.
Estas medidas se han concretado en la obligación para Gas Natural Fenosa y Endesa de actuar como creadores de mercado -Resolución de 14 de noviembre de 2017-. Este próximo invierno seguramente se vivirán nuevos episodios de tensiones en los precios de la electricidad. Aparte de otros factores, una cosa es segura, el nivel de reservas hidráulicas es aún inferior al del invierno pasado. Sin restar importancia a las situaciones puntuales de altos precios, cabe hacerse la pregunta de si, de media, el precio de la electricidad en España es caro o barato. Para intentar dar una respuesta, cabe analizarlo desde dos perspectivas. En primer lugar, comparando la evolución del precio de la electricidad con la evolución del IPC. Como es sabido, el IPC mide los cambios en el nivel de precios de la cesta de la compra de los hogares, de forma que si el precio de la electricidad se incrementase por encima del IPC significaría que la electricidad se encarece en relación con el resto de productos y servicios adquiridos por los hogares La factura eléctrica del consumidor doméstico medio español, desde julio de 2009 hasta octubre 2017, ha crecido a una tasa media anual del 4,3 por ciento, mientras que el IPC ha crecido a una tasa del 1,5 por ciento. Es decir, en los últimos nueve años el precio de la electricidad se ha encarecido respecto al resto de productos y servicios de la cesta de la compra al crecer a un ritmo casi tres veces superior al del IPC.
En segundo lugar, comparando el precio de la electricidad en España con el de los países de la UE. Para el consumidor doméstico medio, el precio en España en 2016 fue un 23 por ciento superior al medio de la UE-28, con una tendencia creciente desde 2009 en el que fue un 9 por ciento superior. Es, además, significativo que el encarecimiento respecto de la UE-28, sea tanto mayor cuanto menor es el consumo de los hogares. Así, por ejemplo, en la banda de menor consumo analizada por Eurostat -menos de 80 kWh al mes-, el encarecimiento en España es de un 50 por ciento y únicamente para mayores consumos -por encima de 400 kWh al mes- el precio en España se equipara con el medio de la UE-28.
Abaratar la factura eléctrica exigiría la actuación coordinada en numerosos frentes. Desde luego, hay que atender a los factores coyunturales que puedan provocar situaciones puntuales de precios desproporcionados, pero es indudable que son necesarias medidas estructurales que reduzcan costes, de forma que el precio de la electricidad en España: se equipare al de los países de la UE y tenga una dinámica similar a la de otros productos y servicios de consumo. Es necesario aplicar una dieta general de adelgazamiento a la factura eléctrica, aunque es evidente que no todos los componentes son iguales, sino que unos son más iguales que otros. Si se estableciese, por ejemplo, una estrategia de abaratarla un 20 por ciento, se podría conseguir: eliminando el impuesto eléctrico -un anacrónico vestigio del pasado como vehículo de ayuda al carbón y que ahora se destina a la financiación de las autonomías-; o reduciendo en 3.500 millones al año los costes regulados financiados por el peaje de acceso -fundamentalmente de la compensación a la generación extrapeninsular de 750 millones anuales, retribución a renovables de 7.000 millones al año y amortización del déficit de 2.800 millones al año-; o reduciendo en 1.000 millones anuales algunas de las partidas que encarecen el coste de producción de la electricidad -fundamentalmente los servicios de interrumpibilidad y de capacidad, permanentemente bajo sospecha de encubrir ayudas de Estado-. En paralelo, es urgente mejorar la formación de los consumidores.
Que los ciudadanos no entiendan la factura de la luz constituye un auténtico déficit democrático, dado que es un bien de primera necesidad. La reciente encuesta de la CNMC refleja que el 70 por ciento de los hogares desconoce si está en el mercado regulado PVPC o en el libre, y el 41 por ciento no sabe lo que tiene contratado. El propio Minetad reconoce que únicamente el 45 por ciento de las ayudas económicas del bono social eléctrico serán realmente utilizadas por los consumidores por falta de solicitudes de estos. Es responsabilidad de todos intentar corregirlo.
