El sector agrícola europeo se enfrenta a un momento decisivo en los próximos días. Habrá a quien le parezca una cuestión menor, pero no es así ni mucho menos. Este lunes 27 de noviembre los Estados Miembro deben votar si están a favor de la renovación del glifosato, un principio activo herbicida, y por cuánto tiempo hacen esta renovación, siendo el plazo que contempla la norma de 15 años.
Este producto herbicida, empleado con seguridad desde hace más de 40 años, está libre de patente, es uno de los compuestos agrícolas más estudiado del mundo y continúa constituyendo una herramienta esencial tanto para el sector productivo como para el mantenimiento de espacios públicos desde el punto de vista de seguridad e higiene.
Algo aparentemente tan puntual como es un herbicida está poniendo de manifiesto una importante debilidad europea, que es cómo se puede comerciar, en el plano político, absolutamente por todo por cuestiones ideológicas contrapuestas a la evidencia científica. Nos jugamos que el sector agrícola europeo quede debilitado frente a países de otros continentes en un mercado más global que nunca.
Nos jugamos la credibilidad de las agencias europeas sea reducida, en un símil financiero, al nivel del bono basura. Nos jugamos la confianza de los ciudadanos en que existe un criterio racional y científico que vela por su seguridad. En definitiva, ponemos frente a la espada y la pared la credibilidad de un marco legislativo y regulatorio predecible, fiable y seguro.
Este producto herbicida, el glifosato, ha sido evaluado en los últimos meses por autoridades de todo el mundo con una conclusión común: es seguro de acuerdo al uso al que está destinado. Así, se han pronunciado a favor de la seguridad del glifosato la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Mezclas y Sustancias Químicas (ECHA) o autoridades de países avanzados como Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, EEUU y Japón entre otras.
Pese a las repetidas manifestaciones de estas autoridades a favor de la seguridad del glifosato, fuertes grupos de presión activistas y determinadas posiciones ideológicas, están promoviendo el posicionamiento en contra por parte de algunos países sobre la base de la afirmación de la IARC, un organismo que no es una autoridad, y que fue el único que ha clasificado el glifosato como "probable cancerígeno" para el ser humano.
La IARC establecía hace dos años para este producto una clasificación similar de peligrosidad (que no de riesgo) a ser peluquero, los pepinillos en vinagre o la carne roja. Coincide que en este organismo se han detectado múltiples irregularidades en el caso del glifosato. Ahora sabemos que participantes del grupo de estudio de la IARC ganarían importantes cantidades de dinero afirmando que el glifosato podría ser perjudicial para la salud.
Ahora sabemos que el director del grupo de estudio del glifosato en la IARC ignoró deliberadamente estudios que contradecían las tesis de este organismo respecto a la seguridad del glifosato. Este estudio, que conocía la IARC y ha sido publicado recientemente en el Journal of the National CancerInstitute (JNCI), realizado sobre decenas de miles de agricultores en un amplio periodo de tiempo no encuentra vínculo con el cáncer como señalaba este organismo. Ahora sabemos también que la IARC manipuló datos de los informes que contradecían sus tesis contra el producto.
Pese a todas estas irregularidades y a que la IARC es la única entidad que ha sembrado dudas respecto a la seguridad del glifosato, algunos países están cediendo a la presión de quien defiende un modelo productivo alejado del criterio científico. Y al ceder a estas presiones, se está dañando al sector agrícola, al consumidor y a las mismas bases que mantienen unidos a los países alrededor de la Unión Europea.
Hay países en la Unión Europea que están negociando la credibilidad de las instituciones, están negociando si debemos creer a las Autoridades científicas europeas por tres años, por cinco, por siete… Sólo darles plena confianza hace robusta la Unión.
Si las decisiones deben estar amparadas en las propias autoridades científicas de las que nos hemos dotado los europeos, pero ignoramos a estas autoridades científicas, ¿cuál es la seguridad jurídica en la Unión Europea?
