La nueva estrategia del independentismo a cuatro semanas de la cita con las urnas es insinuar que el Estado no aceptará los resultados. La teoría supone convencer a millones de personas de que el mismo poder ejecutivo que ha convocado las elecciones para que vuelva el respeto a la pluralidad y a las minoría, no acatará lo que decidan los ciudadanos a través del voto. Una sobresaliente idea que cada día escuchamos repetida en entrevistas, artículos y declaraciones.
El giro en la estrategia de los dos partidos que han cabalgado a lomos de la independencia imposible, PdCat y ERC, supone que ahora van a plantearse que a esa independencia no se llegue por la vía unilateral, por la imposición y el chantaje que han intentado, sino que sea por la vía bilateral. Pactamos que Cataluña sea independiente y como lo hemos decidido las dos partes, todos contentos. Si finalmente esta majadería se incluye en un programa conjunto de ambas fuerzas, o si solo una de ellas lo lleva a su texto de promesas, tendremos otra vez constatado el fracaso de este golpe de Estado. El partido de Puigdemont no le ve claro. El partido de Junqueras está como loco por la idea, ya que atraería hacia su posición a otras formaciones de izquierdas, más o menos radicales, que encumbrarían a alguno de sus dirigentes a la presidencia de la Generalitat. Al poder por el cambio de ideas.
Marta Rovira puede ser presidenta, con Junqueras ocupando un lugar privilegiado a modo de atalaya en los asientos del Parlament si el Tribunal Supremo accede a dejarle en libertad hasta que llegue el juicio. Puigdemont puede ser portavoz del grupo parlamentario de Junts Per Catalunya en la oposición, con el escaño de su derecha ocupado por el activista de la secesión Jordi Sánchez. No es el gobierno el que tiene que aceptar estos resultados, que obviamente lo hará. Es la Justicia la que tiene que aceptar esa imagen en el futuro, valorando la necesidad o no de que los investigados estén confinados en prisión o decidiendo sobre su inhabilitación al término del procedimiento.
Gabriel Rufián y el resto de portavoces independentistas consideran que las elecciones convocadas por aplicación del artículo 155 son ilegítimas. Tanto como suculentas pueden ser para sus compañeros las consecuencias de celebrarlas, porque ni uno solo de los partidos que hablan de su ilegitimidad han renunciado a presentar sus candidaturas. En ningún lugar del mundo se intenta un proceso separatista como el que hemos vivido y al fracasar, sus responsables aceptan la legalidad que rechazaban y se postulan para los puestos institucionales de la autonomía que según ellos ya no existe.
En Cataluña se intervino la autonomía y salió el sol cada mañana, no hubo muertos ni resistencia alguna contra las decisiones democráticas y legítimas tomadas para resolver este intolerable desafío. Incluso empieza a cundir la idea de que Rajoy se precipitó demasiado al convocar elecciones en diciembre, con el pretexto de que mejor habría sido en primavera. Y para que se acuse al presidente de precipitarse, mucho ha debido ser lo que se prescriba en las decisiones alumbradas para frenar la ilegalidad y conseguir que Cataluña vuelva a ser una comunidad autónoma en la que se respete la Ley. Cosa que sin ningún margen de duda ocurrirá a partir del 22 de diciembre próximo.
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