El análisis científico recoge, clasifica, cualifica, cuantifica y propone. En el caso de las ciencias sociales y, en particular, de la regulación pública estas tareas de análisis son complicadas. En la regulación se establece una relación dialéctica entre el poder público regulador y el sector privado regulado, entre reglamentación y competencia, entre seguridad y competitividad. Por regulación pública entenderemos, pues, tanto la actividad de regular, como el efecto de esta actividad regulatoria. La regulación de la actividad económica por parte de las administraciones públicas forma como un ovillo dónde es difícil desentrañar los cabos y hacer que, al fin, la regulación atienda realmente a sus presuntas benéficas finalidades. Entre el poder y la impotencia, la sobre reglamentación convierte la regulación en inefectiva, ineficaz e ineficiente.
De ahí que, en un sistema multinivel de gobernanza como es el europeo, y en la contemporánea economía global, se propugne la regulación smart, esto es inteligente, breve, efectiva, eficaz y eficiente. Sintetizando la relación entre la calidad y la cantidad de la actividad regulatoria, prevalece la tendencia a aseverar que, en una economía altamente competitiva y abierta, lo mejor es lo poco y bueno. Vale tener en cuenta que, en un mundo donde el capital circula libremente, la regulación y, en general, la calidad de las instituciones es elemento esencial de la atractividad y competitividad de las naciones.
En la tarea de análisis, la cualificación y cuantificación de la regulación que existe en los diversos países, sobresalen los informes Doing Business, que heroicamente publica cada año el Banco Mundial, así como otros estudios sobre la libertad económica a cargo de Fraser Institute, Heritage Foundation y Cato Institute. En este contexto, la Comisión Europea ha iniciado una tarea de análisis del coste acumulado de la legislación de la Unión para diferentes sectores industriales. La legislación europea persigue asegurar la libre circulación de mercancías en el mercado interior, así como para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente. Estos estudios comunitarios hacen una evaluación cuantitativa de los costes directos e indirectos de las regulaciones europeas, tratando de cuantificar el impacto de la carga administrativa en diferentes indicadores de actividad y negocio.
Para el período 2006-2015, la Comisión está evaluando los costes de aplicación de más de 60 reglamentos y directivas relativas al clima, energía, medio ambiente, residuos y seguridad de los trabajadores. Ha publicado ya los informes correspondientes a cuatro subsectores ceramistas (ladrillos y tejas, cerámicas, refractarios cocidos y refractarios sin forma) y a tres subsectores vidrieros (vidrio para envasado, para vajilla y plano).
Los resultados proporcionan una imagen de los efectos acumulados en coste de la regulación europea de productos y procesos industriales. En promedio, los costes regulatorios europeos representan entre el 2,2 y el 5,4% del valor de la producción. En relación al beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (ebitda) los costes de la regulación europea representan entre el 10 y el 42,5%, y hasta el 16,2% y el 78,3% del beneficio antes de intereses e impuestos (ebit).
Consideremos el caso de la producción de ladrillos y tejas: los costes regulatorios promedio totales alcanzan los 5 euros/tonelada del producto, lo que supone el 5,4% de los costes de producción y el 21,9% del ebitda. Los cuatro aspectos de la regulación europea que más importan son energía (45% del total), medio ambiente y clima (14,6%), residuos (11,3%) y seguridad de los trabajadores (10,8%).
La legislación común armonizada de productos y procesos industriales supone un beneficio general para la economía europea. Crea un mercado interior dónde la competencia es mayor, lo que estimula la competitividad y hace a Europa más competitiva en la economía global. Sin embargo, según vemos en los estudios sectoriales que la Comisión ha lanzado, los costes de regulación reducen significativamente la rentabilidad de la industria europea.
Por todo ello, la sostenibilidad de la producción industrial y, por extensión, de la economía europea requiere, hacia el interior, una regulación smart y, hacia el exterior, unos acuerdos comerciales que ayuden a otras economías a seguir los más avanzados estándares europeos.
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