La reforma de la Constitución es como las carreteras, que siempre van en dos sentidos. Hasta ahora, cuando se habla de "encajar el llamado problema catalán y vasco" solo se contempla una dirección: avanzar en el autogobierno hasta alcanzar una soberanía compartida. Pero existe otro punto de vista, como es replantearse el título octavo y la ley electoral. Al fin y al cabo, PP, PSOE y Ciudadanos representan el 75% de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados.
Hay una película de culto Carretera asfaltada en dos direcciones (1971) de Monte Hellman, que sería muy recomendable que viesen los dirigentes independentistas, dado que determinadas élites se plantean seriamente una marcha atrás. Podría darse la paradoja que de la mano del 'procés' pierdan en un solo día lo ganado en 40 años. En determinados círculos de poder empieza a escucharse con mayor intensidad aquello de: "¿Y si Fraga hubiera tenido razón cuando se negó a respaldar la Constitución de 1978?" El fundador del PP siempre tuvo reticencias a que se introdujese el término "autogobierno" cuando se hablaba de autonomía, pues creía que podría amenazar la unidad de España. A la vista de lo que sucede, no parece que le faltasen motivos.
Aquel termino se incluyó en la Carta Magna con el único objetivo de satisfacer a nacionalistas vascos y catalanes. A los primeros no les satisfizo y en consecuencia no votaron, mientras que los segundos se lo han saltado a la torera. Por tanto, aquel pacto ya no sirve. Entre otras cosas porque la Generalitat no quiere autonomía sino un pacto fiscal similar al de Euskadi y al de Navarra. Esto no solo supondría la equidad territorial, sino que además provocaría un fuerte quebranto a la economía española cuando los mercados se coscasen de la debilidad en la que queda la Hacienda pública.
Por tanto, y llegado a este punto, hay quien mantiene que ya no se puede seguir con paños calientes. No parece razonable que los nacionalistas ejerzan como partidos bisagra cuando han quebrado la lealtad institucional. Tampoco parece sensato mantener las actuales competencias en enseñanza, cuando están utilizando la educación o la policía autónoma como instrumentos políticos.
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