Es difícil encontrar precedentes en la historia de cualquier democracia de un caso como el de Puigdemont y su Gobierno. De forma pública y notoria, llevan semanas contraviniendo la ley y desobedeciendo las sentencias de los tribunales. Están perfectamente localizados, pero no solo no les han detenido ni imputado delito alguno, no solo siguen haciendo y deshaciendo a su antojo, sino que, para colmo, se les da la oportunidad de desandar el camino andado.
Es tal la impunidad de la que parece gozar, que le ha envalentonado hasta el extremo de que en la carta que ha enviado al presidente del Gobierno se permite el lujo de exigirle que paralice la necesaria acción de los tribunales sobre sus actos presuntamente delictivos y los de sus subordinados.
Por eso, acabe como acabe la rebelión, con la convocatoria quizá negociada de unas elecciones autonómicas anticipadas o con la aplicación del artículo 155 de la Constitución para restablecer la legalidad en Cataluña, la autoridad moral del Estado de Derecho saldrá seriamente dañada tras este proceso.
Y es que las leyes -o eso creíamos- obligan en la misma medida al pueblo y a sus gobernantes, más si cabe a los segundos, puesto que constituyen la garantía frente a la arbitrariedad del poder. Esa convicción es la que se ha roto en Cataluña. Sin consecuencias visibles a día de hoy para los autores confesos de la tropelía, ¿con qué autoridad podrán gobernantes, fiscales o jueces decretar sanciones, castigos o impuestos contra el españolito de a pie?
Aunque Puigdemont y los suyos acaben por rendir cuentas, que lo harán si no les indultan, siempre será tarde para el común de los ciudadanos, a los que cuesta sobremanera entender la doble vara de medir que parece aplicarse en España. Esa será la más grave de las consecuencias de la rebelión de los independentistas catalanes.
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