De repente, una sensación de fe en pleno golpe a la legalidad se ha instalado entre muchos españoles. Ese rapto de esperanza comenzó hace 10 días con el mensaje histórico que el primero de los españoles dirigió a sus compatriotas, marcando el camino. Se atisbó desde el pasado domingo, cuando cientos de miles de personas ataviadas con sus banderas nacionales tomaron las calles de la capital catalana desafiando la imposición del silencio que durante décadas ha gestionado el independentismo. Y terminó de fraguarse en una celebración de la Fiesta Nacional como nunca en democracia se había vivido, con el pueblo en las calles de Madrid apoyando a su Rey, a su ejército, a su policía y a la Constitución. Sin vergüenzas ni complejos.
Tan importante manifestación de españolismo es obra de Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Mas, Jordi Sánchez y su tocayo Cuixart, entre otros colaboradores. La recurrente frase empleada millones de veces desde la izquierda y el nacionalismo sobre la fábrica de independentistas que ha sido el presidente del gobierno tiene ya adecuada réplica, tiene su espejo cóncavo enfrente. No se recuerdan ni en los días posteriores al anterior golpe de Estado tantas banderas españolas colgadas de ventanas y balcones de un país que pierde al fin los reparos que tenía para presumir de lo que es.
En mitad de esa semana y media de reacción españolista, el gobierno activó los mecanismos de la Ley. De la Constitución Española de 1978 que tiene 169 artículos, y no 168 como se pretende hacer ver. El número 155 es un artículo aplicable, democrático, legítimo y votado en Cataluña con un porcentaje mayor al del resto del país en el referéndum constitucional. Y es aquí donde nace el realismo que matiza ese optimismo nacional despertado por el golpe en Cataluña. Pocos dirigentes políticos se atreven a augurar la respuesta que todos esperamos al requerimiento del gobierno amparado en ese 155. Pocos esperan que Carles Puigdemont aclare nítidamente que no se ha declarado la independencia y que Cataluña sigue siendo lo que es, una comunidad autónoma española.
El encanto de la recepción palaciega del 12 de octubre permitió al gobierno trasladar que si la respuesta es esa, el diálogo es posible y se volvería al estatus anterior a la declaración del president en el pleno del pasado martes. Pero no sería exactamente así, no sería fácil poner relojes a cero. La Justicia tiene abiertos más de una docena de procedimientos contra los líderes del golpe, y ningún juez va a detener su actuación por conveniencia política. El próximo lunes podemos tener una prueba de ello en la Audiencia Nacional.
Ese optimismo realista podría trasladarse al terreno político por la imagen agradecida de Pedro Sánchez y Albert Rivera conversando amigablemente en la tribuna de autoridades del desfile. Tal vez hayan pactado una tregua en la incombustible tarea de ambos de desacreditarse mutuamente cada vez que tienen un micrófono ante sus labios. La unidad de los defensores de la Constitución y la unidad del país pasa por detalles como éste, aunque parezcan menores.
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