Si la partidocracia española quisiera conocer el modelo territorial que la mayor parte de la ciudadanía desea, lo más conveniente al respecto sería celebrar una consulta sobre la conveniencia o no de seguir manteniendo las comunidades autónomas.
A tal efecto, el Artículo 92 de la Constitución Española determina que las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo, es decir, no vinculante, de todos los ciudadanos.
El referéndum debe ser convocado por el Rey, mediante una propuesta instada por el Presidente del Gobierno y previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. En consecuencia, la celebración de un referéndum en España está supeditada a la autorización del parlamento.
En el caso de que en España se pudiera celebrar un referéndum sobre la abolición del Estado de las autonomías, el resultado favorable a la eliminación de nuestras corruptas y económicamente insostenibles comunidades autónomas estaría garantizado.
Devolver competencias al Estado
El Estado de las autonomías representa la corrupción política institucionalizada, el despilfarro presupuestario, la desigualdad entre las diferentes regiones españolas, el endeudamiento público, el déficit, una de las causas del desempleo estructural que sufre España, etc.
Además, los problemas, entre otros, de índole territorial que tiene España en la actualidad emanan del altísimo nivel de autogobierno del que disfrutan las comunidades autónomas.
El paradigma de todo ello lo tenemos en el órdago separatista lanzado por los partidos secesionistas catalanes.
Sin embargo, el omnipotente poder de los partidos políticos españoles, basado en las redes clientelares autonómicas, depende del Estado de las autonomías. No olvidemos que Estado del bienestar de la casta política y comunidades autónomas son dos términos sinónimos.
Por tanto, la agenda política de los partidos españoles no contempla ni tan siquiera debatir sobre la cuestión autonómica. Se trata de un tema tabú.
La estrategia del diálogo
Por el contrario, el PSOE, el PP y Ciudadanos se muestran partidarios de reformar la Constitución. Seguramente, al más puro estilo socialdemócrata. Es decir, para favorecer los intereses de los independentistas catalanes. Por ejemplo, otorgando más autogobierno a esta autonomía, entre otros privilegios.
De hecho, el PSOE anunció que ha llegado a un acuerdo con el PP, al que se sumaría Ciudadanos, para modificar nuestra Carta Magna. Recordemos que de llevarse a cabo una nueva reforma constitucional, esta sería la tercera, después de las realizadas en 1992 y en 2011.
La intención de estos tres partidos políticos de reformar la Constitución podría ser la señal que muestra que la estrategia del diálogo se ha puesto ya en marcha. Aunque, disimuladamente.
Para ello, tan solo falta que Puigdemont, el sedicioso, rebelde y traidor presidente de la Generalidad de Cataluña, conteste al requerimiento efectuado por el Gobierno "de manera adecuada"...
Ciudadanos puede perder su oportunidad
El citado pacto para reformar la Constitución al que ha llegado el denominado bloque constitucionalista podría perjudicar en mayor medida y, sobre todo, en clave electoral, a Ciudadanos.
Porque, Ciudadanos podría perder la oportunidad de liderar políticamente a muchos millones de españoles, que abogan por unas comunidades autónomas dotadas de menor cuota de autogobierno y, por tanto, de un Estado más fuerte, recuperando para ello competencias que cedió a las autonomías, tales como la de educación, seguridad, justicia, etc.
El verdadero ganador de este juego político, si finalmente la estrategia del diálogo se impone, sería el PSOE. Tanto que el partido socialista apostó hace tiempo y de forma ambigua por la plurinacionalidad, el Estado confederal, una nación de naciones denominada Ex-paña, etc.
En cuanto al PP, este partido, convertido desde el 2011 en una versión light del PSOE, volvería a decepcionar a casi todos sus votantes si el Gobierno dialoga con los partidos golpistas.
La última esperanza legal
Los partidos políticos vuelven a caminar en dirección contraria a la de sus votantes. La mayoría de los españoles
no apoya la estrategia del diálogo y, en cambio, se muestran partidarios de la aplicación del Estado de Derecho en Cataluña con todas sus consecuencias jurídicas.
Los españoles de bien todavía tienen la pequeña esperanza de que el requerimiento efectuado por el Gobierno del PP a Puigdemont signifique que el procedimiento relativo a la aplicación del Artículo 155 de la Constitución ha comenzado.
