Los partidos políticos tradicionales de ámbito nacional, con su permanente omisión de sus deberes constitucionales, son las organizaciones que han conducido a España a su mayor crisis política, terrotorial y social desde la Guerra Civil.
Hasta ahora, no han sido capaces de encontrar ninguna fórmula legal que, de manera definitiva, anule el órdago separatista catalán. Las demandas de gran parte de la sociedad española no han sido atendidas.
Desde el Gobierno han apostado por no adoptar ninguna medida. El PSOE se ha decantado por negociar con las organizaciones separatistas, las mismas que han organizado y ejecutado este golpe de Estado en Cataluña.
Límite sobrepasado
La proclamación de la independencia de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat representa el límite que obliga al Gobierno a aplicar todos los procedimientos legales que contempla nuestro Estado de Derecho para restablecer el orden constitucional en Cataluña. E, igualmente, obliga al PSOE a apoyar al Gobierno.
Porque ningún español demócrata entendería que tras la declaración de independencia de Cataluña, el Gobierno y el PSOE se posicionasen a favor de adoptar la vía de la negociación y la mediación.
Amparándose, para ello, en la rebuscada fórmula que ha reinventado Puigdemont para llevar a cabo esta proclamación de independencia.
Independencia al estilo esloveno
Puigdemont ha proclamado la República independiente de Cataluña al estilo esloveno. Es decir, de manera simbólica. En el supuesto caso que una declaración de independencia pueda calificarse de tal manera.
El referido simbolismo radica en que la declaración de independencia ha sido diseñada para que sus efectos queden suspendidos de forma temporal por el Parlamento de Cataluña.
El objetivo que persiguen los separatistas es desarrollar un proceso de negociación con el Gobierno español. A ser posible, a través de la actuación de un mediador dotado de perfil internacional.
Una vez finalizado el mencionado proceso de negociación, y en virtud de los resultados del mismo, que deben ser favorables a los intereses independentistas, se volvería a proclamar de nuevo la independencia. Esta vez, de manera más formal y solemne.
Sin duda, los partidos independentistas catalanes catalogarían a una negociación desarrollada con posterioridad a la "simbólica" declaración de independencia, efectuada ayer por Puigdemont, como un proceso negociador entre la República de Cataluña y el Estado español.
Una trampa precedida de un chantaje
En otras palabras, los separatistas están chantajeando al Gobierno, entre otras muchas razones, al solicitar la apertura de una negociación al mismo nivel. De igual a igual.
Se trata de llevar a cabo un proceso constituyente como paso previo a la independencia. O un procedimiento rupturista a plazos.
La declaración de independencia realizada por Puigdemont no tiene ninguna validez a nivel jurídico. Tanto es así, que la misma se fundamenta en la ilegal Ley del Referéndum. Además, está basada en los ilegales resultados del referéndum del 1-O.
Realmente, todo ello responde a la adopción de una interesada estrategia política ideada por Puigdemont para ganar tiempo, ya que el proyecto independentista está debilitado.
Sin embargo, no podemos subestimar el plan de Puigdemont. Porque, aunque en público haya sido rechazado por CUP, está muy bien trazado.
Máxime, en el caso de que el Gobierno, abducido por el consenso socialdemócrata impuesto por la partidocracia española, cayera en la trampa separatista, adoptando el discurso consistente en que no ha habido declaración de independencia.
Delito de sedición
Puigdemont no ha declarado de manera formal y con solemnidad la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán. Pero, en cualquier caso, lo relevante es que la citada declaración de independencia se ha producido.
Al margen de lo anterior, los traidores y rebeldes políticos independentistas han cometido supuestamente multitud de delitos antes y durante la declaración de independencia. Tales como, el de sedición.
En consecuencia y sin mayor demora, el Gobierno debería aprovechar la declaración de independencia para proceder legalmente contra los políticos separatistas catalanes, a través de las vías que el Estado de Derecho prevé en estos casos.
No olvidemos que el delito de sedición también puede ser cometido por omisión y en calidad de cooperador ejecutivo necesario.
