El independentismo catalán ya tiene las fotos que quería y la excusa que creen necesitar para proclamar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), que ha anunciado Puigdemont en su comparecencia. Sin datos, sin recuento de votos y sin nada que mostrar a los ciudadanos, Cataluña se conduce hacia la proclamación de una República Independiente mediante un trámite nuevamente bochornoso y esperpéntico en el Parlament.
El paripé de referéndum no era un fin en sí mismo, sino la justificación para la DUI y el medio de obtener foco mediático internacional para disponer de un gran altavoz y conseguir más primeras páginas. Por eso daba lo mismo cómo se hiciera, porque si era ilegal podía hacerse de cualquier manera, lo importante era la gente haciendo cola, las urnas colocadas y, sobre todo, la policía y guardia civil dando palos.
Todo eso lo han tenido en grandes dosis, no sin una gran manipulación por parte de la Generalitat. Y sentimiento, mucho sentimiento, hasta Piqué llorando, que eso enternece mucho y mueve al separatista a serlo aún más.
El Gobierno ha evitado, eso sí, cualquier atisbo de garantía, pero la importancia política de tal empeño pierde relevancia puesto que el independentismo tiene escrito el resultado desde hace meses. Se trata de un golpe de Estado tramado por un Gobierno de la Generalitat en rebeldía que actúa como una verdadera banda de delincuencia organizada. Como es normal, los delincuentes van un paso por delante de la ley y se han apuntado la victoria de poner en evidencia un apoyo social en apariencia masivo, pero inmedible objetivamente, algo muy conveniente para sus fines, porque de poderse medir igual no le salían las cuentas.
El Gobierno de Rajoy se ha visto entre la espada y la pared ante unos Mossos que no querían cumplir, como se esperaba, con la orden judicial de cierre de los colegios. Una de las mayores tomaduras de pelo a la justicia que se recuerda y que es de esperar tenga su sanción. Pero el Govern está instalado en la tomadura de pelo al Estado de Derecho desde hace meses e incumple tanto las leyes del Estado como las emanadas ilegalmente desde el Parlament de forma sistemática.
Esa manera de actuar es muy difícil de gestionar para un Gobierno democrático. Lanzadas las masas a secundar la ilegalidad, el uso de la fuerza por parte del Estado es la consecuencia lógica de una desobediencia que impide cualquier actuación racional. Al fin y al cabo, el Estado tiene en exclusiva el legítimo uso de la fuerza para establecer el imperio de la Ley, y me temo que lo va a tener que seguir ejerciendo en los próximos días, posiblemente en mucha mayor proporción. Esto no ha sido más que un aperitivo.
La huelga general convocada para el día 3 nos anuncia que es entonces cuando posiblemente se produzca la DUI y necesitan tener a las masas nuevamente en la calle. Es una auténtica rebelión, que llevará inexorablemente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, como parece haber quedado claro tras las intervenciones de sus respectivos líderes. A partir de ahí se abre un mundo inexplorado, no lleno de trabas para el Gobierno, aunque acompañado de toda la legalidad y legitimidad.
Vamos a ver nuevas algaradas callejeras y uno de los puntos más conflictivos será la actuación que tendrán los Mossos d'Esquadra. Se trata de un cuerpo armado con 17.000 efectivos que se corre el riesgo de que actúe como guardia pretoriana del Govern y fuerza armada de la nueva república ilegal. Este desgraciado escenario fuerza al Gobierno a tomar su control, utilizando algunos de los recursos jurídicos disponibles, pero para prevenir riesgos y dada su actuación en el referéndum ilegal debería ser una medida de aplicación inmediata. En todo caso, dado el empecinamiento de Puigdemont y sus secuaces, la intervención de la Generalitat no se va a producir de forma pacífica.
Estamos hablando de que los responsables de todo este drama pueden ser reos de delitos penados con muchos años de cárcel y no creo que voluntariamente vayan a meterse en los calabozos. Por tanto, no se va a poder despachar este asunto con legajos en juzgados solo, y la intervención por la fuerza, como hemos apuntado, está servida, si realmente el Gobierno y los partidos constitucionales desean preservar la unidad de España.
Lo que parece evidente es que la hoja de ruta del independentismo ha volado cualquier puente que augure una solución negociada y los partidos constitucionales no tienen otro remedio que permanecer unidos frente a esta adversidad.
