En estos días estamos asistiendo a un golpe a la Democracia, y también al Estado de Derecho, en Cataluña. Frente a esto han reaccionado la Justicia, es decir el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y los Jueces y Tribunales.
El Gobierno de Rajoy, de momento, se ha limitado a las medidas de intervención de las finanzas de la Generalitat, y a destinar más policías y guardias civiles a cooperar con los Mossos de Esquadra en Cataluña. En nuestra opinión, como ya hemos comentado en estas páginas, el Gobierno del PP no debería limitarse a instar a la Justicia a hacer su trabajo, porque aunque es necesario, por sí solo no será suficiente para restablecer la legalidad y la Democracia en Cataluña.
La solución más respetuosa con la autonomía en Cataluña sería devolver la voz a los catalanes mediante la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Esto sería lo que debería hacer Puigdemont, pero no será difícil convencer al lector de que no es un escenario probable precisamente. La otra alternativa era que el PP o el PSOE no bloqueasen la moción de censura propuesta por Ciudadanos, con la finalidad única de convocar elecciones. Esto hubiese obligado a reabrir el Parlament, que la mayoría separatista ha cerrado, y hubiese abierto la posibilidad de que algunos diputados de Junts pel Sí, que están aterrados por la deriva del Procés, pudiesen detener el Golpe a la Democracia.
Las demás medidas, siendo importantes, son fundamentalmente instrumentales. Así, las medidas de control financiero de la Generalitat no aspiran a resolver el problema, sino simplemente, que no es poco, a evitar que los impuestos de todos los españoles se destinen a financiar una actividad ilegal, como es el pseudo referéndum separatista. Estas medidas son muy contundentes, pero en opinión de mi partido, Ciudadanos, llegados a este punto, están justificadas.
No deberíamos haber llegado hasta aquí: en primer lugar, el Gobierno del PP no debía haber consentido la farsa de la consulta del 9-N. En segundo término, durante todos estos años se debía haber intensificado el control financiero de la Generalitat, que estaba incumpliendo los objetivos de déficit todos los años, y que destinaba sistemáticamente millones de euros a finalidades muy alejadas del funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como por ejemplo, embajadas, subvenciones a medios de comunicación, etc.
Estando ya registradas las aberrantes propuestas de ley de referéndum y transitoriedad jurídica y fundacional de la República, el ministro Montoro compareció en el Congreso. En esa comparecencia, Montoro aseguró que ni un solo euro del presupuesto público de la Generalitat se estaba destinando a financiar la consulta. Es bueno recordar que el ministro recibió las críticas de todos los grupos, salvo el Popular evidentemente, que consideraban excesivas las medidas y criticaban el FLA y la financiación autonómica. Sólo Ciudadanos le señaló que había que enviar una misión de control de la Intervención del Estado a Cataluña, que había que intensificar el control, y que la palabra y los certificados de Junqueras no eran una garantía suficiente.
Los hechos nos dieron, tristemente, la razón. El jueves 14 de septiembre la interventora general de la Generalitat, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaban sendas cartas al Ministerio de Hacienda, en las que se negaban a enviar más certificados de estar cumpliendo con la legalidad en la ejecución del gasto público de la Generalitat. Esto era pasar de los incumplimientos, que ya se estaban produciendo, a la abierta desobediencia. La legalidad presupuestaria había saltado por los aires en Cataluña.
Lo que justifica el cobro obligatorio de los impuestos es que lo que se financia con ellos es lo que autorizan las leyes y no otra cosa. De hecho, los presupuestos existen, entre otras cosas, para evitar el saqueo de fondos públicos, y carecen de sentido si el gasto se destina a finalidades ilegales. Todo esto es inútil, sino se ejerce un control de la legalidad del gasto. Por esa razón, el artículo 134.3 de la Constitución señala que las Administraciones Públicas sólo podrán realizar gastos de acuerdo con la ley. Además, si las leyes no se cumplen porque no existe control, es imposible garantizar la estabilidad presupuestaria. Por último, si la Generalitat no certifica sus gastos, ni envía información financiera al Estado, es imposible la coordinación con las Haciendas Autonómicas que establece como misión de la Hacienda Estatal el artículo 156 de la Constitución. En resumen, si el control no lo ejerce la Generalitat, deberá ser el Gobierno el que lo ejerza.
Por supuesto, el procedimiento elegido ha sido objeto de bastantes críticas. Efectivamente, el Consejo de Ministros podía haber avocado la competencia de la Comisión Delegada. Por otra parte, el acuerdo se hubiese podido publicar como Real Decreto y no como una Orden Ministerial. Aun así, en nuestra opinión, todo esto no afecta al fondo de la cuestión, y la Disposición Adicional 1ª y los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria permiten, cumpliendo los requisitos, tomar estas medidas, que tristemente no había más remedio que tomar.
En cualquier caso, estos acuerdos están sometidos al control de los Tribunales de Justicia, y el Ministro de Hacienda compareció en el Congreso para explicarlos. Al mismo tiempo, Puigdemont y los separatistas se declaran exentos del control judicial y cierran el Parlament de Catalunya. Es una gran diferencia. Por eso, desde Ciudadanos apoyamos estas medidas del Gobierno, como las de los jueces y fiscales y del Tribunal Constitucional para restablecer el Derecho en Cataluña, porque sin leyes no hay Democracia.
