Theresa May, cuyos problemas internos en su propio partido y en su Gobierno no son menores de los que tiene en Bruselas, eligió Florencia para pronunciar un discurso que desbloqueará las negociaciones del Brexit.
Pero esta vez no ha sido un catálogo de afirmaciones casi imperialistas como las que se produjeron hace unos meses en Lancaster House. Esta vez, May era muy consciente de que estaba dirigiéndose a los europeos y no solo a los británicos. Y ha tenido en cuenta que en la diplomacia europea el tono es una parte importante del discurso. Sabe que el Brexit ya no se hará con la música de la canción My Way.
Una novedad destacada es la petición de un periodo transitorio desde la salida formal en marzo de 2019 hasta el completo divorcio práctico, lo que situaría el adiós definitivo en 2021. Resulta claro que los problemas de la salida son muy ásperos y difíciles. Por eso May quiere dos años de tránsito, una especie de zona gris en la que los británicos estarían saliendo quedándose dentro o en la que estarían dentro mientras salen.
El problema es que May no sabe cómo quiere hacerlo pero tampoco quiere que le señalen el camino. No otra cosa significan sus apelaciones a la creatividad y a la imaginación, nociones poéticas que se utilizan cuando no se sabe qué proponer concretamente. Por eso su discurso es difuso, vago, contradictorio, envuelto en una niebla de imprecisiones y contradicciones que no favorece el desarrollo de la negociación.
Por ejemplo, dijo que está dispuesta a proteger los derechos de los europeos que viven en Reino Unido. Pero no reconocerá jurisdicción al Tribunal de Justicia de la Unión que es el que, finalmente, garantiza los derechos que a los europeos les da la legislación comunitaria. Por eso, señala que los tribunales británicos "tendrán en cuenta las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión".
Pero es que "tener en cuenta" no es aplicar. Y no parece, por tanto, un mecanismo seguro de protección de los derechos. Los europeos en Reino Unido pasarían así de estar protegidos por el Tribunal comunitario a ser protegidos por jueces que ya no les ampararían sino solo mientras quisieran "ir teniendo en cuenta" las decisiones del Tribunal de Justicia. Eso es inaceptable, absolutamente.
Pero, con todo, May parece desconocer que hay compromisos a largo plazo que suponen derechos adquiridos o en curso de adquisición, como las pensiones. Contribuir, como ha dicho con rotunda claridad, al presupuesto comunitario hasta 2020 no salda su factura, porque deberá pagar las pensiones que se reconozcan en el futuro por los trabajos realizados antes del Brexit.
Y deberá hacerlo de acuerdo con los reglamentos comunitarios que regulan la materia. Eso hace que los conflictos jurídicos, demandas, cuestiones prejudiciales y la aplicación de dichos reglamentos deban residenciarse en el Tribunal de Justicia de la Unión, un tribunal que solo "será tenido en cuenta".
¿Cómo se garantizan las pensiones y en qué modo de los europeos que han trabajado y trabajan ahora en Reino Unido? ¿Con jueces que tendrán en cuenta otra legislación que ya no les afecta? Esto parece comprometer el atajo de May al plantear un periodo transitorio de dos años. Porque ese plazo será insuficiente. Y no solo en materia de pensiones. Hay que tener en cuenta que la experiencia de abandonar la Unión es inédita y que los problemas que surjan serán más de los esperados.
Especialmente porque Bruselas buscará que ese periodo de tránsito se establezca en interés de Europa y no en interés de Reino Unido porque de otro modo, la situación británica sería mejor que la que tendría como miembro de la Unión.