Hace unas semanas, en su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente Juncker llamó a aprovechar el actual entorno económico favorable tras un periodo particularmente duro para construir una Europa más unida, fuerte y democrática.
Desde la política comercial a la nueva estrategia industrial, desde la lucha contra el cambio climático hasta la protección de fronteras y la ciberseguridad, desde la protección de los derechos sociales hasta el refuerzo del pilar fiscal de la zona euro, el presidente desgranó una serie de propuestas concretas de reforma que deberán traducirse en un nuevo marco de financiación, basado en un presupuesto comunitario sólido, para la Unión Europea de los 27.
Lo más habitual, cuando se piensa en el presupuesto europeo, es hablar de los beneficios tangibles que puede aportar a los ciudadanos. Muchas empresas y particulares tienen una experiencia directa de proyectos financiados por la Unión Europea. Estudiantes y jóvenes profesionales se forman en el extranjero gracias al programa Erasmus, los agricultores reciben apoyo de la política agrícola común, los investigadores y universidades tienen becas del programa de investigación Horizonte2020, los programas de acción para jóvenes desempleados se apoyan en los fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y las empresas acceden a financiación gracias a la Iniciativa PYME. Todo ello parte de decisiones concretas sobre qué partidas deben estar en el presupuesto y a qué fines deben destinarse.
Desde nuestra adhesión en 1986 son incontables las inversiones en infraestructuras financiadas con los fondos de desarrollo regional o de redes transeuropeas. No cabe duda de que el presupuesto comunitario ha contribuido significativamente a la modernización de España. Incluso hoy en día, Europa está financiando infraestructuras clave para nuestra economía, como el acceso al puerto de Barcelona, el corredor Mediterráneo, las interconexiones eléctricas con Francia y Portugal, el AVE a Galicia o la alta velocidad Bilbao Vitoria, entre otros muchos proyectos.
Pero por muy importante que sea la contribución directa del presupuesto, esta lógica de qué me llega de los fondos comunitarios puede resultar en una perspectiva reduccionista sobre las finanzas europeas. El presupuesto común también nos permite desarrollar grandes proyectos estratégicos de nivel mundial, como la actual red de satélites Galileo o las futuras supercomputadoras, y financiar el papel de Europa en el mundo como líder en la ayuda al desarrollo, la asistencia humanitaria y la lucha contra el cambio climático. Más importante aún, si cabe, es el papel cohesionador del presupuesto Europeo.
A pesar de su reducido peso en términos absolutos (el uno por ciento del PIB europeo parece muy poco frente a los presupuestos nacionales), las inversiones financiadas gracias a la Unión han permitido, junto con el Mercado Único, una convergencia real, acercando los países inicialmente con menos recursos a aquellos con rentas más elevadas. Aunque la crisis ha ralentizado este proceso de convergencia real, no hay que olvidar que el presupuesto comunitario, gracias a su carácter multianual y a su concentración en políticas comunes, ha proporcionado incluso en los años más duros una especie de suelo a los ingresos agrícolas y las inversiones públicas.
Estos éxitos innegables del presupuesto europeo podrían llevarnos a pensar que es algo inmutable, garantizado. Para muchos jóvenes, tal y como me dijo un estudiante en un acto reciente, en Europa "la paz y Erasmus se dan por sentados". Lamento decir que esto no es necesariamente así.
Fiel reflejo de la realidad política, el modelo de financiación de la Unión se enfrenta a importantes retos de futuro. Por una parte, la retirada del Reino Unido supone la pérdida de un contribuyente importante al presupuesto común. Por otra, los ciudadanos tienen expectativas crecientes con respecto a la Unión que se están traduciendo en un incremento de las funciones a ejercer a nivel supranacional.
En efecto, a pesar de que a menudo parece que lo único que trasciende tras las reuniones en Bruselas es el conflicto o la falta de avance, lo cierto es que en los últimos años los líderes europeos han ido acordando las prioridades que definirán la agenda de futuro de la Unión a 27, sin Reino Unido. Prioridades que se van traduciendo en acciones concretas en ámbitos hasta ahora reservados a la soberanía exclusiva nacional, como el control de las fronteras exteriores, el impulso de una política exterior activa y coordinada, la seguridad y la lucha contra el terrorismo -físico y cibernético-, las inversiones para luchar contra el cambio climático y cumplir con los compromisos de la agenda de París, la respuesta a los cambios demográficos y a los efectos de la globalización o la digitalización de la economía, pasando por la puesta en común en el terreno de la defensa.
Estas nuevas prioridades requieren financiación, si no queremos que se queden en papel mojado o pura retórica, y son claros ejemplos del valor añadido de la acción común. Esto, en términos presupuestarios, se traduce necesariamente en un mayor peso de programas de gasto que contribuyen al bienestar y la seguridad del conjunto de ciudadanos europeos, independientemente del lugar en el que se produzca el pago. Es decir, un modelo presupuestario que no encaja con la lógica de balanzas fiscales o asignaciones nacionales. Éste es quizá el primer reto a batir si queremos construir una Unión más fuerte y solidaria: conseguir que los distintos países abandonen la lógica de ganadores y perdedores de la negociación europea que a veces domina el discurso público.
Todos estos retos y cambios generan dificultad y tensión pero también abren oportunidades de mejora y hacen en todo caso inaplazable una reflexión sobre la financiación de la Unión.
Las dos grandes partidas de gasto comunitario, la agricultura y los fondos regionales, representan casi tres cuartas partes del presupuesto, aunque su peso se ha ido reduciendo en las últimas décadas a favor de nuevas áreas de actuación en investigación, innovación, grandes proyectos industriales europeos, seguridad o respuesta al reto migratorio. En un contexto marcado por la disciplina presupuestaria, ¿Qué proporción del presupuesto debe asignarse a las distintas políticas y prioridades?, ¿se puede reducir más el peso relativo de estas políticas tradicionales sin comprometer su eficacia?
También cabe revisar los instrumentos concretos de acción, los complejos procedimientos administrativos, la relación entre los distintos programas y la articulación con nuevos instrumentos, por ejemplo, utilizando el presupuesto de la UE no sólo para dar subvenciones sino para facilitar las inversiones. Es el caso del Plan Juncker de inversiones estratégicas, que ha multiplicado de forma exponencial la capacidad de acción del presupuesto comunitario al utilizar la garantía del presupuesto europeo para movilizar a través del Banco Europeo de Inversiones un volumen significativo -de hasta 500.000 millones de euros- de inversión privada.
Más allá de la retórica, el dinero asignado a las distintas partidas es el espejo de las verdaderas prioridades públicas. De ahí el interés de lanzar una reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión Europea, extremadamente política a pesar de su envoltura técnica. Y de ahí la importancia de que nuestra sociedad se implique y contribuya activamente en los próximos meses a un debate crucial para el futuro, con tiempo suficiente antes del final del marco financiero actual 2014-2020.
Con este fin, los comisarios de Presupuestos y de Política de cohesión de la Comisión Europea - Günter Oettinger in Corina Cretu - presentaron el pasado junio un documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas europeas, que trata de traducir en términos presupuestarios las distintas opciones y escenarios de futuro de la Unión post Brexit.
Al acabar esta primera fase de reflexión, la Comisión presentará a mediados del año próximo la propuesta para el próximo Marco Financiero Multianual. Se abrirá entonces un proceso de negociación entre los 27 Estados miembros que, con el acuerdo del Parlamento Europeo, acordarán por unanimidad el modelo de financiación de la Unión a partir de 2020.
Si todo sale bien, un presupuesto moderno en apoyo de una Europa segura, próspera, sostenible y social, con un papel reforzado en la escena mundial.
Como hemos visto claramente en los últimos años, el futuro de Europa está en manos de sus ciudadanos. Los gobiernos, los parlamentos nacionales, el Parlamento europeo y los distintos representantes públicos y privados han de jugar su papel para avanzar en la buena dirección. Ése es el objetivo de la Comisión, que ha lanzado el guante con tiempo suficiente para escuchar todas las voces y atender a todas las sensibilidades. Para que estas cuestiones , que nos afectan a todos, no se queden en discusiones entre expertos y negociaciones a puerta cerrada.
Como señaló el presidente Juncker, ahora toca pasar del debate a la decisión. Toca seleccionar las prioridades políticas para el futuro, centrar la actuación comunitaria allí donde añada más valor a las acciones nacionales y diseñar un modelo de financiación acorde a nuestras ambiciones y expectativas.
Para que, tras un largo periodo marcado por las sucesivas crisis, la dinámica positiva se consolide y la Unión Europea, esa utopía razonable, siga proporcionando el mejor proyecto concreto de futuro para el conjunto de la ciudadanía. Una opor- tunidad preciosa en tiempos de cambio y un reto apasionante del que todos nos tenemos que sentir partícipes.
