Nadie duda en estos momentos que estas semanas están siendo las más críticas para la Democracia española, por lo menos desde el 23-F. Ante el Golpe a la Democracia perpetrado por la mayoría parlamentaria separatista en el Parlament, y posteriormente por el Govern de la Generalitat, han reaccionado los poderes del Estado.
Ahora bien, de momento, las reacciones más relevantes han correspondido a la Justicia, es decir, al Tribunal Constitucional, los juzgados ordinarios y el Ministerio Fiscal. De hecho, hasta el momento solo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reac- cionado a la desobediencia de la Generalitat. Claramente, el Gobierno, que tiene nuestro apoyo en este momento crítico, no debería seguir delegando toda su responsabilidad en el resto de los Poderes del Estado.
Hay bastantes decisiones que se están atribuyendo al Gobierno, como por ejemplo, las detenciones de Altos Cargos de la Generalitat o los registros de organismos públicos, que corresponden a decisiones judiciales. En una democracia, las decisiones judiciales pueden ser objeto de crítica. Sin embargo, si se quieren criticar lo primero que hay que hacer es conocer el fondo del asunto, lo que en este supuesto no es posible, ya que la investigación está sometida a secreto de sumario.
Incluso aunque así no fuese, lo primero, para criticar estas resoluciones, sería no atribuir al Gobierno de España, ni tampoco a los nazis, o al Ku-Klux-Klan la responsabilidad de lo que ha decidido un juez independiente, el titular del Juzgado nº 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
En esta cuestión, las detenciones y registros, es decir la investigación del referéndum ilegal y sus derivadas, habría que tener algunas cosas claras. En primer lugar, que no nos encontramos ante decisiones políticas, que se pueden tomar o no en función de la oportunidad, sino ante el deber inexcusable de perseguir los delitos. En segundo lugar, todos y especialmente las autoridades públicas, estamos obligados a cumplir las resoluciones de los Tribunales. Esto quiere decir que hacer conscientemente lo contrario es desobediencia, y cuando reviste la forma de resolución administrativa, además prevaricación.
Por último, uno puede hacer con su dinero lo que le parezca oportuno, siempre que no esté prohibido. Sin embargo, el dinero público sólo puede emplearse en lo que está legalmente previsto y presupuestado. Esto es lo que se conoce como principio de legalidad presupuestaria, y su negativo es el delito de malversación de caudales públicos. Por estas tres razones, a nadie le puede extrañar que haya procesos penales en curso respecto a los que han tomado estas decisiones. Todo esto tiene poco que ver con que exista o no un delito de convocar un referéndum ilegal.
Efectivamente, el delito no existe como tal, pero tampoco existe como delito construir un edificio de siete pisos. Sin embargo, autorizar la construcción con fondos públicos, no presupuestados, en zona verde, y contra la resolución de suspensión de un tribunal, constituye también, y por este orden: los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia. Por cierto, naturalmente hay una diferencia entre un referéndum descaradamente ilegal y construir un edificio, sin embargo todos estos delitos se habrían cometido aunque el Tribunal Cons- titucional declarase conforme a la Constitución la Ley de Referéndum, cuestión que todos tenemos claro que no sucederá.
No sucederá porque tanto la ley de referéndum, como especialmente la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república son dos aberraciones jurídicas. Hace unos días las califiqué en el Congreso como puñeteros disparates, adjetivo que ha tenido cierto éxito. Además, estas dos iniciativas se han tomado laminando los derechos de la oposición, es decir, de los catalanes que representan, que para más inri son la mayoría, ignorando al Consejo de Garantías Estatutarias, y violando el Reglamento del propio Parlament. Por esa razón, nadie en su sano juicio puede considerar que suponen una legislación alternativa. No estamos hablando de Derecho, sino simplemente de la ley de la Selva, o en palabras del Tribunal Constitucional, de una pura "vía de hecho".
El que haya un mínimo de respeto por la Legalidad y el Derecho es imprescindible para articular la convivencia y el diálogo. Por esa razón, en todo esto está faltando pedagogía. No es el momento de criticar la acción del Gobierno para restablecer la legalidad, pero de la acción del Gobierno, que Ciudadanos, mi partido, está apoyando sin fisuras, hablaremos otro día. Sin embargo, la descalificación de la actuación de los jueces y Tribunales, incluyendo el Tribunal Constitucional, por parte de muchas fuerzas políticas es infinitamente más grave. Sin ley no hay democracia, y sin poder judicial independiente no hay Constitución. Por eso parar el golpe es una cuestión de salvar la legalidad y de salvar la Democracia.