Durante estos meses, y con más intensidad a medida que se está acercando el 1-O, uno de los debates que más controversia y disparidad está generando, dentro del marco del supuesto proceso independentista catalán, el Catalexit, es el económico. La realidad es que a los ciudadanos de a pie se les ha sumergido en un mar de datos y números que, según de donde provengan las olas, les golpean por un lado u otro, sin además tener la capacidad y el conocimiento suficientes para identificar cuáles pueden ser posibles realidades y cuáles no.
Las cifras son extremadamente dispares y en función de quien las haga suyas, los costes y beneficios de la independencia se maximizan o minimizan. Por ejemplo, recientemente el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró que el Catalexit supondría una caída del PIB catalán en torno a un 25-30%, y algunos expertos estiman un aumento del paro hasta el 42%. Por el otro lado, por ejemplo algunos empresarios catalanes del Cercle Catalá de Negocis, afirman que se crearían 70.000 puestos de funcionario, se asegurarían las pensiones e incluso bajaría el coste de la electricidad en un 60%. Las diferencias son tan grandes que seguramente se están exagerando las cifras para tratar de convencer a la opinión pública. Probablemente en los tonos grises encontraremos la verdad.
Esto es así porque principalmente muchas de estas cifras responden a posibles escenarios que no dependen de simples ecuaciones matemáticas, sino a complejos procesos de negociación cuyos resultados son inciertos, y dependerán de muchos factores -incluyendo no económicos- que son difícilmente cuantificables, además del poder de negociación que tengan las partes; por cierto, presumiblemente España, respaldada por la Unión Europea, tendría una capacidad negociadora más relevante.
Con independencia de si la realidad final dará más la razón a los cálculos de unos u otros, lo cierto es que estamos en una situación lose-lose, en la que ambas partes van a perder respecto a la situación actual, al menos en términos económicos. Es curioso ver que parte de este debate se ha llevado al y tú más o vosotros vais a perder más que nosotros. Es decir, en una especie del llamado juego del gallina (chicken game), donde ambas partes asumen que el accidente entre ellos es inevitable, pero se consuelan pensando en que la contraparte saldrá peor parada.
Pero no todo es subjetivo o dependiente del prisma en el que se mire, y lo cierto es que la situación de partida refleja la gran interdependencia que hay entre Cataluña y el resto de España. La comunidad catalana representa el 16% del PIB español, el 19% de su población y recibe en torno al 18% de la inversión directa extranjera bruta. Perder esta parte de España significaría un fuerte golpe a la economía española, al menos a corto plazo y a expensas de cómo actúe la Unión Europea al respecto. En el caso catalán, por ejemplo casi un tercio de lo que producen las empresas catalanas se vende al resto de España, llegando en ciertos sectores, como el de la agricultura, a una dependencia de casi el 50%. De momento no se observan indicios de que esté afectando a las inversiones extranjeras y a la economía española y catalana. Cierto es que los inversores huyen de situaciones de incertidumbre, pero seguramente las probabilidades con las que están asignando el que ocurra el Catalexit son tan bajas que no están afectando a la salida de los inversores extranjeros, al verlo como un escenario altamente lejano. Aunque no haya evidencia, sí que es probable que exista un cierto coste de oportunidad, difícil de valorar, en el que haya inversiones extranjeras paradas a la espera de ver qué ocurre con la situación interna española, o canceladas.
A pesar de que no parece que de momento la incertidumbre esté afectando a los mercados financieros, sí que algunas agencias de calificación de riesgos ya han advertido que, de seguir adelante este proceso, habría consecuencias negativas más que posibles en la calificación crediticia española y catalana, lo que ahondaría más en el deterioro de ambas economías. Hay que recordar que en el caso de Cataluña, ésta ya está actualmente a niveles de bono basura, -por ejemplo Moody's le da una calificación Ba3 con perspectiva negativa, el mismo nivel que Angola o Bolivia-, por lo que los problemas de financiación que podrían tener serían graves y costosos. Aviso a navegantes.
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