E l lunes se celebró la Diada, inicialmente fiesta nacionalista y posteriormente reivindicativa de la independencia, mientras se acerca el 1-O. A la hora de juzgar una opinión, a veces importa más estar o no de acuerdo que si lo estamos por razones convincentes. Hay demasiado análisis parcial sobre el referéndum y escasa evaluación rigurosa de su origen y efectos. Apenas habrá campaña para el No; ni siquiera campaña institucional, al resultar desierto el concurso de la Generalitat. Pero veremos una considerable actividad propagandística. Los independentistas, especialmente quienes tienen el conflicto como principal estrategia, mantienen la moral alta; lo que dijeron que iba a hacerse se hace.
Ya son irrelevantes los errores que han conducido a esta situación, anteriormente descritos, pues se trata de resolver el problema de ahora. En síntesis, la estrategia del Gobierno se ha centrado, casi exclusivamente, en cuestiones judiciales. Las Fiscalías y el Gobierno actúan ahora con contundencia, y los recursos interpuestos se ganan uno tras otro. Los últimos, los de inconstitucionalidad contra las Leyes del Referéndum y de Transitoriedad. Esta estrategia no resuelve el problema político; es la situación más grave producida en democracia. Sin apenas discusiones abiertas ni análisis de los efectos de decisiones y votaciones, ha primado el lenguaje agresivo y los reproches entre líderes políticos. No se ha encarado bien el conflicto. La prueba irrefutable es que por primera vez los independentistas consiguieron mayoría absoluta. No obtuvieron más de la mitad de los votos, pero sí suficientes para decidir leyes de independencia y convocatorias de referéndums ilegales.
No seré yo quien indique al Gobierno lo que tiene que hacer; se hizo anteriormente y queda poco para el 1-O. Pero no me cansaré de repetir que el Parlament y el Congreso ya aprobaron un nuevo Estatuto, votado, además, por el pueblo catalán en un referéndum (esa vez sí) legal y con el 74 por ciento de los votos a favor. Tampoco me compete analizar si el recurso del PP, que anuló el Estatuto, estaba fundado. Hay opiniones diversas entre reconocidos juristas, tanto como ahora cuando se les pregunta sobre las salidas jurídicas a la situación actual. Pero desde que se publicó la sentencia del Tribunal ha aumentado notablemente el porcentaje de ciudadanos partidarios de un Estado independiente. Han pasado, de reclamar un pacto fiscal en los 90, a reivindicar la independencia. Ahora se seguirá diciendo que el referéndum no se va a celebrar, incluso puede haber apoyos relevantes para que así sea; no por eso se evaporarán los independentistas, que seguirán con sus promesas vacías. La prolongada política del avestruz, con recursos inoperantes, tarde o temprano pasa factura política con los hechos consumados. Es posible la celebración de otro referéndum chapuza como el del 9-N (2 millones de participantes) que se declararía inconstitucional. ¿Es esa la estrategia del Gobierno? Errónea; después vendría más presión y unidad de acción entre independentistas. Salvo que se pretenda dejarlo a otros como herencia recibida.
La reacción judicial y medidas de control del Gobierno son (ahora) acertadas; se utilizan instrumentos del Estado de Derecho sin caer en provocaciones. Pero el daño a la convivencia social catalana está hecho.
¿Qué otra cosa puede hacerse ahora? Ante toda amenaza con daños recíprocos la respuesta realista es cooperar; siempre se está a tiempo, salvo quienes tienen el conflicto como estrategia. Creo que una mayoría apoyaría un cambio en el modelo de financiación hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, compatible con el grado de solidaridad interterritorial que se decida. Es ahí donde pueden surgir más posibilidades de crecimiento, con margen de decisión propio para las CCAAs. Han transcurrido 40 años, demasiado tiempo, desde la Constitución, y las desigualdades regionales no se solucionan con transferencias permanentes, sino estimulando el crecimiento; no ha sido así, porque sin incidir en la raíz de los problemas se aplaza, indefinidamente, su resolución. Pero es que sin mejorar el modelo de financiación en la línea indicada (insisto, necesaria para todas las CCAAs) no veo posible una solución al problema de Cataluña, que aporta el 18,9 por ciento del PIB español. ¿Por dónde empezar? Podría ser dentro de esa comisión para la modernización autonómica que se pretende crear (cuenta con el apoyo de todos los principales partidos) u otra similar. Una parte importante de los gobernantes catalanes sabe que pueden contar con importantes aliados.
