El pasado 6 de septiembre se materializó un golpe a la democracia en el Parlament de Catalunya. No era solo que la Ley del Referéndum fuese abierta y frontalmente inconstitucional y antiestatutaria, era también que la norma fue aprobada prescindiendo abiertamente de las formas democráticas y del propio reglamento de la cámara autonómica. Por supuesto, la aprobación del bodrio de la ley de transitoriedad jurídica seguiría el mismo procedimiento chapucero e ilegal. Estábamos ante un golpe a la democracia y la legalidad, el más grave desde el 23-F.
Aunque a algunos, quizás a bastantes, les sorprendiese el grado de autoritarismo y chapuza en este ataque a la legalidad y a la Constitución, a nadie le debió sorprender que se produjese: estaba anunciado y pregonado desde hace mucho tiempo. Ante esto, lo que sí resulta sorprendente es que, respecto de este tema en los últimos meses, sólo haya comparecido un ministro, Cristóbal Montoro, en la cámara que representa a todos los españoles, el Congreso de los Diputados. Lo que sorprende aún más, es que la iniciativa de la comparecencia no hubiese sido del Gobierno, sino de Esquerra Republicana de Cataluña y del PDeCat (antigua Convergencia), a los que luego se añadió Podemos.
La comparecencia versó sobre el control del Fondo de Liquidez Autonómico y el presupuesto de la Generalitat. A finales de julio, el Gobierno insinuó la posibilidad de cortar la financiación a Cataluña si el dinero de los impuestos de los españoles se destinaba a financiar la consulta separatista. Además, en lo que se vendió como una intensificación máxima del control, se estableció que el Govern enviase telemáticamente certificados semanales de que el dinero no se estaba empleando en financiar el referéndum del 1 de octubre. En esa comparecencia, el ministro Montoro garantizó que ni un solo euro del presupuesto autonómico se estaba destinando a financiar la ilegal consulta separatista. Esto, como era previsible, originó las críticas de Esquerra, la antigua Convergencia y Podemos. Por otra parte, el PSC-PSOE criticó la actuación de Montoro y reclamó una reforma de la financiación autonómica.
En cualquier caso, a mí me parecía que la garantía del control de los fondos no podía consistir en fiarse del certificado de Oriol Junqueras, que como Consejero de Hacienda de la Generalitat aseguraba que no se destinaban fondos públicos a financiar la consulta ilegal de la Generalitat. Así se lo señalé al ministro Montoro, instándole a que enviase una misión de control de la Intervención General de la Administración del Estado, como se prevé en la propia normativa del FLA. Por supuesto, en la solicitud de mayor control, mi grupo, Ciudadanos, se quedó solo. Unos días después, el Ministerio de Hacienda se vio obligado a requerir a la Generalitat sobre la financiación de la web del referéndum y los anuncios en TV3.
Hace dos días, Oriol Junqueras comunicó formalmente al Ministerio de Hacienda que no pensaba cumplir la obligación de remitir los certificados. Esto era pasar del incumplimiento a la desobediencia pura y dura. Ante esto, el Ministerio de Hacienda reaccionó intensificando drásticamente el control: el Govern de la Generalitat debía aprobar un acuerdo de no disponibilidad de tal forma que sólo se pagasen los servicios públicos esenciales. Por otra parte, los pagos se harían directamente desde el Ministerio a los diversos acreedores y funcionarios. No debíamos haber llegado hasta aquí, pero desde Ciudadanos apoyaremos todas las medidas que permitan hacer compatible el mantenimiento de los servicios públicos esenciales con que no se financie el ilegal referéndum separatista, siempre cumpliendo estrictamente las leyes.
Finalmente, en las querellas que ha presentado la Fiscalía General del Estado contra Puigdemont, Junqueras, los consejeros de la Generalitat, Forcadell y los miembros de la Mesa que admitieron a trámite las leyes del Referéndum y de transitoriedad jurídica, se ha incluido el delito de malversación de caudales públicos. Esto significa que parece que pueden haberse destinado ya fondos públicos a la consulta ilegal, incluso aunque Junqueras y la Interventora General de la Generalitat estuviese certificando lo contrario. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella por el delito de malversación, pero sólo respecto a los miembros del Govern. Esto es lógico porque son los gobernantes los que disponen de los fondos, y en consecuencia, los que pueden, presuntamente, haberlos malversado.
En los días del golpe a la democracia, en el Congreso solo se reunió la Comisión de Investigación de la crisis del sistema financiero. Allí, comencé mi intervención no hablando de finanzas, sino solidarizándome con los diputados del Parlament de Ciudadanos, y del resto de grupos de la oposición que representan a más catalanes que los grupos que apoyaron la tramitación antidemocrática de las leyes de ruptura. Eran ellos quienes estaban oponiéndose al golpe y velando por la vigencia de la democracia y la legalidad constitucional. En una línea similar se pronunció el portavoz socialista, Pedro Saura. El portavoz de Unidos Podemos no se pronunció. Los representantes de los partidos separatistas, PDeCat y ERC no estaban en la Comisión.
Desde Ciudadanos consideramos que el Congreso, la sede de la soberanía popular, la representación de todos los españoles, debe pronunciarse, y debe hacerlo apoyando al Gobierno de España frente al golpe de Puigdemont y Junqueras. No debíamos haber llegado hasta aquí, pero no es el momento de analizarlo, sino de proteger los derechos de todos los catalanes que están siendo pisoteados por su Ejecutivo autonómico. Para eso debemos apoyar al Gobierno sin fisuras. Además, los españoles no merecen que ni un solo euro de sus impuestos financie un golpe a la democracia. Por eso también instamos al Gobierno a que lo evite, poniendo todos los medios de control necesarios. Ésa es la moción que hemos llevado al Congreso y que se debatirá el próximo martes. El Congreso también tiene que reaccionar ante el Golpe.
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